A través de un comunicado, representantes de 25 centros de acogida y hogares de la Iglesia Católica expresaron su rechazo a la intervención de las autoridades al Hogar de Niños Santa Cruz por casos de abusos sexuales.
En pasadas semanas, la Policía Boliviana, la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez ingresaron al Hogar de Niños de Santa Cruz. El motivo era investigar dos hechos de abuso sexual contra dos menores de edad perpetrado por otros dos internos. Estos casos los denunció el abuelo de las víctimas.
“Ante las denuncias contra un Centro de Acogimiento Hogar de Niños Santa Cruz y su director, aún en proceso de investigación, reprochamos las acciones del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz. Sin el mínimo respeto a la normativa vigente, de velar por el interés superior de los niños y adolescentes, ingresaron a las instalaciones del hogar. Atemorizaron a los niños y adolescentes por una supuesta denuncia de violencia sexual. Ésta cometida, presuntamente, por un adolescente contra otro adolescente, ambos ingresados en este Hogar”, dice la nota.
Los representantes de los 25 centros de acogida y hogares aclararon que en un año brindan acogida a más de 1.300 personas. Varias en situaciones de vulnerabilidad social.
PROTECCIÓN
Además, afirmaron que son parte del Sistema de Protección descrito en la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente, como “entidades de atención”. Y, que contribuyen en “administración delegada” por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Además suplen la obligación del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
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“Rechazando toda forma de violencia y agresión. Nos sentimos sorprendidos e indignados por lo ocurrido en este hogar, que es parte de las obras de servicio social de la Iglesia Católica. Se ha constatado que las autoridades que intervinieron el hogar no siguieron el protocolo legal de actuación. Éste exige respeto y reserva de la identidad e integridad de los niños y adolescentes. Desconocieron la normativa de resguardo y protección”, se añade en el pronunciamiento.
RESPONSABILIDAD
Pidieron a las autoridades que corresponde no olvidar que la responsabilidad de brindar protección social debe ser compartida. Por eso, piden “evitar emitir juicios superficiales de valor sobre nuestro trabajo e intervenciones escandalosas y espectaculares, que solo daña a la población en situación de vulnerabilidad, a la que todos debemos proteger”.
Por este caso tres adolescentes de entre 14 y 16 años de edad están con detención preventiva al Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz).
El director del centro, el fray Gerásimo Orjuela Manrique, también tiene detención preventiva en la cárcel de Palmasola, acusado por el delito de complicidad en hechos de violación, corrupción de menores y abuso sexual.
