La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial (CBS), a través de un pronunciamiento, rechazó este lunes que las actuales autoridades de la Compañía de Jesús en Bolivia “intenten lavarse las manos o aparecer como paladines de la justicia”.
“La Fiscalía del Estado reabre el caso de Luis María Roma, no porque la Compañía de Jesús se lo vaya a urgir; sino por imperio de la verdad, develada por una rigurosa investigación periodística de El País, que duró cerca de un año, y porque aparecieron las víctimas, dispuestas hoy a judicializar su testimonio”, señala parte del comunicado.
Agrega que “las acciones negligentes, indolentes y nefastas” a las que hace referencia el comunicado de la Compañía de Jesús “no son sólo responsabilidad de quienes estuvieron a cargo de atender las denuncias de abusos sexuales… sino son responsabilidad institucional, pues se evidencia que conocían el caso: el ex provincial y ex delegado de ambientes seguros Oswaldo Chirveches; el acusado de abusar de niñas en el internado Juan XXIII, Carlos Vilamil Olea, y el superior de Lucho Roma, Arturo Moscoso, y no lo denunciaron a la justicia ordinaria, configurando omisión y encubrimiento institucional”.
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Ante ello, la CBS solicita a la Fiscalía del Estado prohibir “el funcionamiento de una comisión, a la cabeza de la delegada de Ambientes Sanos y Seguros de la Compañía de Jesús, que contacte a las víctimas del caso Roma, pues se corre el riesgo de acciones de amedrentamiento, cooptación, revictimización, y para evitar que usurpe funciones exclusivas del Ministerio Público, la Fiscalía y la Policía, conduciendo a la impunidad de los victimarios y encubridores”.
También ante las afirmaciones de la Compañía de Jesús que “no protegerá a nadie”, les pide que “cumplan su palabra y denuncien ante la Fiscalía a los jesuitas Oswaldo Chirveches e Ignacio Suñol, por encubrir y encajonar durante años la información y los archivos del caso Roma».
Añade “denunciamos el encubrimiento de Luis Palomera, hacia Lucho Roma, pues era su mano derecha y las denuncias son de antigua data. Denunciamos a Marcos Recolons por haber destinado a Charagua a este pederasta, sabiendo que era un perpetrador con antecedentes en el hogar de niños huérfanos de Tacata; a Antonio Menacho y Ramón Alaix, por haberlo protegido en un colegio de Sucre, otorgándole nuevamente trabajo con niños de primaria y haberlo cobijado en la comunidad chuquisaqueña, para que tenga su guarida con las fotos y archivos de sus abusos, sabiendo que había mellado la dignidad del pueblo guaraní y de los pueblos indígenas de Bolivia”.
