El Gobierno declaró una pausa ecológica para frenar las quemas que causaron los devastadores incendios que afectan, principalmente, a los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz.
“Se ha aprobado el Decreto Supremo 5225 (…) y tiene por objeto declarar pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional”, leyó el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.
El segundo artículo de dicha norma señala que “todas las autorizaciones de quema emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT) quedan suspendidas”. Además, se prohibió la emisión de autorizaciones de quema por la ABT.
Incendios
El tercer artículo de ese decreto establece que las tierras fiscales disponibles afectadas por quemas e incendios serán consideradas “no disponibles” por un periodo mínimo de cinco años, hasta su restauración.
Por otro lado, el cuarto artículo dicta que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua debe llevar adelante el plan nacional de repoblamiento de fauna y flora en áreas protegidas, reservas fiscales y tierras fiscales afectadas por los incendios.
Otro elemento que contempla dicha norma es el refuerzo del resguardo de área protegidas y reservas forestales en todo el país.
El titular de Medio Ambiente adelantó que “todavía quedan meses críticos” en cuanto a incendios, “donde se pueden generar incendios forestales de magnitud” debido al comportamiento del clima.
Pausa ambiental
“Estas normas tienen que ayudar a reducir las quemas a nivel nacional”, agregó Lisperguer y explicó que la pausa ambiental “es indefinida” y está sujeto a que se realicen las evaluaciones respecto de repoblamiento y la puesta en funcionamiento de las condiciones ambientales en esas áreas.
Por su parte, en la ronda de preguntas, el Ministro de Obras Públicas dijo que “la pausa ambiental es una medida dura (que dicta) que nada más se puede hacer. No se va a dar ninguna licencia para chaqueo ni quemas”.
Asimismo, los ministros de Salud, María Renée Castro, y de Desarrollo Rural y Tierras, Juan Yamil Flores Lazo, junto con Lisperguer y Montaño, presentaron a la Asamblea un proyecto de ley para modificar las sanciones en contra de quienes originen los incendios, con penas de entre cinco y 12 años.
“La persona que promueva un incendio que afecte bosques, tierras forestales, reservas, áreas protegidas, humedales o pastizales, incurrirá en una privación de libertad de (entre) seis a 12 años”, señala la propuesta de modificación a la Ley 1768 del 10 de marzo de 1997.
Quemas
Asimismo, el complemento de esa propuesta dicta: “La persona que ordene o se beneficie con la ejecución del incendio forestal será sancionada con la pena máxima prevista en el parágrafo precedente. Incurrirá con una pena de cinco a siete años la persona que con el objeto de quemas sus campos de labranza o pastoreo culposamente provoque un incendio”.
“Con este proyecto de ley, que se va a remitir hoy, se elevan los años de las penas por el origen y provocación de incendios forestales”, explicó Lisperguer.
Cuestionó que, actualmente, las penas privativas de libertad por incendios “sean muy bajas”, y dijo que no permitió tener a los “delincuentes ambientales” tras las rejas.
Con esas decisiones, el Gobierno refuerza su lucha contra los incendios. De hecho, la mañana de este miércoles, el presidente Luis Arce anunció el traslado del Gobierno, incluido el gabinete ministerial a Santa Cruz, desde donde, dijo, lideraran el plan contra los incendios.
