En Laja, La Paz, la vida de un niño de solo cinco años cambió de la noche a la mañana, víctima de violencia. Su madre fue asesinada y él, de pronto, se quedó como uno más de los centenares de hijos de las víctimas de feminicidio que hay en el país.
Pero, en medio del dolor, llegó el cambio. Su caso modificó la historia de su municipio, al oeste del departamento de La Paz. Desde ese día de 2022, la región siguió un camino que, hasta ahora, está marcado en 36 municipios, con la creación de leyes especiales para la protección de los menores de edad cuyas madres fueron víctimas de feminicidio.
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“En total, tenemos 36 gobiernos autónomos municipales, de los cuales, la mayor cantidad está en el departamento de Chuquisaca”, explicó a La Razón la jefa de la Unidad de Género y Generacional de la Defensoría del Pueblo, Bolivia Sánchez.
HUÉRFANOS
La Defensoría empezó con un trabajo cercano a las alcaldías, con una ley modelo que tiene esa finalidad: que los niños y adolescentes que quedan sin madres por estos crímenes no queden también desprotegidos.
“Hemos llevado este modelo de norma municipal a todos los municipios donde tenemos presencia y se ha socializado. Se han hecho las visitas, se ha llevado reuniones con las máximas autoridades ejecutivas y con el Concejo para que puedan conocer a profundidad de que trata este modelo, cuál es su contenido y por qué la tendrían que adoptar”.
El acercamiento dio resultados. Desde 2020, cuando empezó este trabajo de la Defensoría, municipios de los nueve departamentos empezaron, de a poco, a generar sus normas.
La ley modelo implica beneficios que van desde apoyo económico hasta asistencia en descuentos, alimentos, entre otros aspectos. (Ver infografía).
“Tiene cuatro medidas que pueden ser adoptadas, por eso es modelo, existe la posibilidad de que cada gobierno autónomo municipal adopte alguna de aquellas medidas que vean por conveniente y de acuerdo a las posibilidades”, aseveró Sánchez.
MEDIDAS
La primera recomendación de la Defensoría del Pueblo, con su ley modelo, es la otorgación de asistencia económica para el sustento de los menores de edad, “con un monto equivalente al 20% del salario mínimo nacional para cada hija o hijo menor de edad”.
En 2022, el municipio de Vitichi, ubicado en el departamento de Potosí, se convirtió en el primero en establecer la entrega de una asistencia económica mensual. En su caso, se decidió que sea el 10% del salario mínimo nacional para cada niño y adolescente hijos de víctimas de feminicidio.
“También tenemos un paquete alimentario mensual a niños, niñas y adolescentes (hijos de) víctimas de feminicidio que, también, de acuerdo con el reglamento y a las posibilidades de cada gobierno autónomo municipal, se puede incorporar en la norma”.
Uno de los que asumió esta recomendación fue Laja, donde se decidió garantizar una canasta familiar equivalente a Bs 750.
“También tenemos la inserción laboral. Cada gobierno municipal debería promover la inserción laboral de los responsables que están a cargo de las niñas, niños y adolescentes”, dijo la funcionaria.
MUNICIPIOS
Sucre, el único municipio capital en contar con una norma de estas características, tomó la posta sobre este punto e implementó en su ley la priorización de inserción laboral para las personas que quedan a cargo de estos niños.
Finalmente, se aconseja que se brinden descuentos en impuestos de las viviendas que habitan los menores de edad, así como los motorizados de las personas a cargo de cuidar a los niños.
Para Villazón, del departamento de Potosí, la exención tributaria es parte de las medidas que asumió dentro de su normativa.
Así, cada uno de los 36 municipios que han aceptado la propuesta de la Defensoría del Pueblo establecieron diferentes mecanismos de protección.
“Es en beneficio de esta población que, obviamente, ha quedado en total desamparo y, lamentablemente, en la mayoría de los casos, quienes se hacen cargo de los hijos son la familia materna y, en la mayoría de casos, son los abuelos o la abuela, que son ya personas adultas mayores con ingresos muy bajos en el mejor de los casos y, en otros, sin ningún tipo de ingresos. Es por eso que mueve a la Defensoría del Pueblo seguir insistiendo a los gobiernos municipales”, informó a este diario Bolivia Sánchez.
AVANCE
Aunque el avance es positivo, aún el camino es largo. Los 36 municipios que han alzado la voz por los niños y adolescentes sin el cuidado de sus madres representan apenas el 10% de los 342 municipios que hay en el país.
De hecho, solo hay una capital, Sucre, que cuenta con una norma de estas características y está el caso del departamento de Oruro, donde solo uno de los municipios decidió asumir medidas.
En tanto, los feminicidios suman y dejan a su paso familias devastadas. En nueve meses de este año, ya 63 mujeres, muchas de ellas madres, fueron víctimas de estos crímenes. (Ver infografía). “Hay un dato que sacó el Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, de los últimos años, desde 2016 a abril de este año y nos muestra que son 788 huérfanos por feminicidio”.
Sánchez afirmó que los esfuerzos de la Defensoría seguirán para que más municipios se sumen y, como sucede en Laja, ningún huérfano quede desamparado.
