Más de 200 organizaciones de mujeres, colectivas y ONG agrupadas en Alerta 348 expresan su enérgico rechazo ante la considerable disminución del presupuesto asignado a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
De acuerdo con datos del Comité de Derechos de Género de la Cámara de Diputados, el porcentaje del PGE destinado a esta lucha ha disminuido notablemente: del 2,34% en 2023 pasó al 1,45% en 2024, y ahora se reduce a tan solo el 0,35% para 2025. Las organizaciones advirtieron que esta medida regresiva tendrá un impacto grave en la implementación de políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia de género, aumentará la vulnerabilidad de las mujeres y pondrá en riesgo su derecho a vivir libres de violencia.
Contradicción
La reducción presupuestaria contradice el artículo 3 de la Ley 348, que en sus párrafos II y III establece:
- Parágrafo II: «Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio».
- Parágrafo III: «Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos dirigidos a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres».
Asimismo, incumple el principio de prioridad absoluta establecido en el Código del Niño, Niña y Adolescente y contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano, incluidas las recomendaciones de los comités de tratados de la ONU y las obligaciones del Examen Periódico Universal, cuya evaluación está prevista para 2025.
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Datos de violencia
En lo que va de 2024, Bolivia ha registrado 81 feminicidios y 46.274 denuncias de violencia de género, lo que equivale a un promedio de 138 denuncias diarias. La violencia sexual ha aumentado significativamente, con 31 denuncias al día, es decir, una agresión sexual cada 40 minutos, afectando principalmente a mujeres y niñas. La violencia familiar sigue siendo el delito más denunciado, representando el 83% de los casos, según estadísticas recientes.
Las organizaciones advirtieron que esta reducción de recursos:
- Dificultará la atención integral a las víctimas de violencia, incluyendo servicios esenciales como refugios temporales.
- Comprometerá las campañas de sensibilización y concienciación para erradicar la violencia y promover un cambio cultural en la sociedad.
- Limitará los procesos de formación en perspectiva de género para operadores de justicia y fuerzas del orden, perpetuando la impunidad y la violencia sistémica.
Las organizaciones instan al Órgano Ejecutivo y Legislativo a revertir la decisión de reducir el presupuesto destinado a combatir la violencia de género y a incrementar los recursos asignados, respetando el principio de progresividad, garantizando así la vida y la integridad de las mujeres.
