La Inmobiliaria Kantutani denunció este sábado a la Alcaldía de La Paz de pretender deslindar sus responsabilidades por el deslave en Bajo Llojeta, ocurrido el 23 de noviembre.
Los primeros días de diciembre, la Alcaldía paceña presentó una acción popular. Esto en respuesta a la afectación sufrida por el municipio a raíz de la remoción ilegal de tierras. Situación que provocó un deslave tras una intensa lluvia. El evento dejó bajo el lodo a 40 viviendas y causó la muerte de una niña de cinco años de edad.
Sin embargo, el 10 de diciembre, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia conminó al gobierno municipal a ejercer sus funciones. Le pidió elaborar y ejecutar sus propios planes de contingencia para la prevención, mitigación y recuperación en las áreas afectadas por la mazamorra.
Asimismo, el tribunal consideró que el plan de contingencia presentado por la empresa Kantutani tiene carácter voluntario. Y el gobierno municipal de La Paz no puede exigir el cumplimiento a través de una acción popular.
“La Alcaldía de La Paz, en un abierto y deliberado incumplimiento de la resolución emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia, persiste en delegar a la Inmobiliaria Kantutani sus propias responsabilidades”, señala parte del comunicado emitido por la empresa Kantutani.
PLAN DE CONTINGENCIA
Añade “(la Alcaldía de La Paz) pide a la empresa privada amplíe su plan de contingencia sobre las áreas que fueron afectadas el pasado 23 de noviembre. Cuando en realidad, el Tribunal de Garantías Constitucionales ha ordenado expresamente al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz que elabore sus propios planes de contingencia. La Alcaldía no puede delegar a privados sus responsabilidades, las cuales emanan de Ley de Gestión de Riesgos”.
Sobre la Ley 602 de Gestión de Riesgos, a la que se refiere el fallo, ésta determina en su Artículo 15 que son competencias específicas de los gobiernos autónomos municipales “Elaborar y aprobar los planes de contingencia para su jurisdicción; asegurando la preparación y respuesta ante emergencias y desastres y desarrollar acciones para la reducción de riesgos, estableciendo medidas de prevención y mitigación”.
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RESOLUCIÓN
“El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz está incurriendo en el incumplimiento de la Resolución 295/2024. Que además en su parte considerativa le recuerda a las autoridades ediles que no pueden delegar sus responsabilidades a los privados. El fallo emitido por el Tribunal de Garantías conmina a las alcaldías de La Paz y de Achocalla, a actuar de manera inmediata. Pero, a pesar de ello, las autoridades municipales pretenden delegar responsabilidades a la Inmobiliaria Kantutani S.A.”, explicó Horacio Acosta, abogado de la empresa.
El jurista aclaró que aunque la resolución también señala que la empresa, al haber asumido voluntariamente la decisión de coadyuvar en las labores de mitigación, rehabilitación y recuperación de áreas afectadas, también se le conmina al cumplimiento de un acta del 1 de diciembre de 2024. Es decir que no tiene más obligación que cumplir con aquello que voluntariamente ofreció en su plan de contingencia refrendado por un acta firmada por las autoridades municipales de La Paz.
