El acoso y hostigamiento sexual en las universidades del país es una grave realidad. Así lo prueba una investigación de la Coordinadora de la Mujer y de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Ésta revela que en esa casa de estudios superiores una de cuatro estudiantes atravesó por esa situación.
La encuesta “Acoso sexual en la UMSA: percepción, vivencias y acciones para el cambio”, realizada por ambas instituciones, hizo un sondeo a 1.697 universitarios. De ellos, 25% sufrió acoso; mientras que el 47% dijo conocer a alguien cercano que lo sufrió.
En el 42%, los agresores son compañeros de clase. Mientras que en el 36% se trata de personas con autoridad académica como docentes, ayudantes, tutores o superiores jerárquicos.
Además, el 20% de las víctimas prefirió no identificar al agresor, lo que, según el estudio, refleja temor y desconfianza en los canales de denuncia disponibles.
Las formas más comunes de violencia reportadas incluyen comentarios sexuales (24%), insinuaciones ambiguas (12%), extorsiones o proposiciones indebidas (3%) y, en menor proporción, conductas digitales como correos, llamadas o amenazas (5%).
El informe señala también los efectos sobre las víctimas que son múltiples. Entre ellos bajo rendimiento académico y abandono de materias o carreras, hasta afectaciones emocionales como ansiedad, depresión y aislamiento social.
VIOLENCIA
El informe subraya que tanto el acoso como el hostigamiento sexual son formas de violencia no deseadas, de carácter sexual, que afectan desproporcionadamente a las mujeres. Mientras el hostigamiento suele ocurrir en relaciones de poder asimétrico (por ejemplo, entre docentes y estudiantes), el acoso se da entre pares.
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La investigación fue desarrollada con una metodología de Investigación Acción Participativa Feminista. Identificó no solo la prevalencia del problema, sino también las barreras que enfrentan las víctimas para denunciar. Miedo a represalias, desconfianza institucional, normalización cultural de la violencia y procedimientos revictimizantes y burocráticos.
Ante este panorama, el estudio plantea una serie de recomendaciones que incluyen la creación de la Unidad de Atención y Prevención de Violencias Universitarias (UAPVU), el diseño e implementación de un protocolo integral de atención y sanción, así como campañas permanentes de sensibilización y formación obligatoria en género y derechos humanos para toda la comunidad universitaria.
