El presidente Luis Arce promulgó este jueves la Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida, una norma que busca garantizar atención integral, protección social y acompañamiento estatal a los menores que perdieron a sus madres víctimas de feminicidio u otros hechos violentos.
“Este acto es un compromiso ineludible con la vida y el futuro de nuestras niñas y niños que han sufrido la pérdida más dolorosa”, afirmó Arce en sus redes sociales, al informar sobre la promulgación de la norma.
Ley
El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea Legislativa la semana pasada tras más de dos años de gestiones de organizaciones de la sociedad civil y colectivos feministas.
En ese entonces, la Defensoría del Pueblo, que acompañó todo el proceso legislativo, festejó la sanción de la norma y considera que su entrada en vigencia transformará la vida de los menores que pierden a sus madres en una temprana edad.
La nueva ley establece la creación de un bono económico mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente, además de la provisión de paquetes alimentarios, atención psicológica y legal gratuita y especializada, y acceso prioritario al Sistema Único de Salud (SUS) con cobertura total.
Feminicidios
También garantiza la permanencia en el sistema educativo y la priorización en los programas de vivienda social para los tutores o familiares a cargo de las y los beneficiarios. El apoyo se aplicará a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, extendiéndose hasta los 25 años en caso de que cursen estudios superiores.
De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, entre 2013 y 2024 se registraron más de 1.300 casos de feminicidio en Bolivia, dejando a cientos de menores en situación de orfandad. La nueva ley busca llenar un vacío histórico en la atención estatal hacia estas víctimas indirectas de la violencia de género.
La iniciativa fue impulsada por colectivos como Mujeres de Fuego, Familias de Víctimas de Feminicidio y la Coordinadora de la Mujer, que destacaron la promulgación como un paso importante hacia una reparación integral y la responsabilidad del Estado con los hijos e hijas de las víctimas.
