El Tribunal Agroambiental llevó adelante una audiencia de inspección in situ con el objetivo de constatar una solicitud de medidas cautelares ambientales, ante una presunta amenaza a la conservación de la biodiversidad, el medio ambiente y la salud pública en el río Madre de Dios.
La actuación contó con la presencia de la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chavez Rodas, el decano Víctor Hugo Claure y la magistrada Rocío Vásquez, quienes se constituyeron en territorio para el desarrollo de esta actuación jurisdiccional.
En diciembre de 2025, la sala plena del Tribunal Agroambiental ordenó la paralización inmediata de toda actividad minera que opere fuera de las áreas autorizadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en el río Madre de Dios.
El fallo también suspendió las concesiones que no cuenten con consulta previa, libre e informada, remarcando que este mecanismo no es una concesión estatal, sino “una manifestación del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”.
Chávez informó que la audiencia de inspección in situ se realizó a efectos de constatar la solicitud de medidas cautelares ambientales, dentro de un proceso de acción ambiental preventiva, lo que permitió verificar en territorio los elementos que serán valorados conforme al análisis técnico y jurídico.
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La actuación se desarrolló entre el miércoles y jueves en los sectores de Genechiquia y Miraflores, con la participación de diversas instituciones públicas y actores presentes en territorio, lo que permitió un trabajo interinstitucional coordinado y el desarrollo de la actividad con normalidad, en el marco del debido proceso.
El recorrido efectuado abarcó varias provincias del departamento de Pando y tuvo un alcance interdepartamental, permitiendo una verificación más amplia e integral del área objeto de análisis.
Asimismo, conforme al auto de admisión del proceso, se incorporaron medidas de carácter cautelar, entre ellas la solicitud de paralización inmediata de actividades mineras que presuntamente se estarían desarrollando fuera del área permitida, así como medidas de protección para las y los defensores ambientales, disposiciones que serán valoradas y definidas en el marco del análisis técnico y jurídico correspondientes.
Las actuaciones estuvieron orientadas a la verificación directa en territorio de posibles afectaciones ambientales vinculadas a presuntas actividades mineras, a raíz de una acción ambiental preventiva presentada por el Territorio Indígena Multiétnico (TIM II) puesta en conocimiento de esta jurisdicción, cuyos alcances serán definidos a partir de los informes técnicos y de la resolución que emita el Tribunal Agroambiental en el marco del debido proceso.
El Tribunal Agroambiental reiteró que su labor se desarrolla con celeridad, rigor técnico y coordinación con las instituciones competentes, en resguardo del medio ambiente, de los derechos colectivos y del interés público.
