El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización presentó este miércoles el reglamento de la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, Jessica Echeverría, destacó que, con esta norma, el Estado busca responder a estos casos trágicos de manera estructural, integral y sostenible, para brindar estabilidad y protección real.
El instrumento normativo definirá con claridad cómo se ejecutarán los beneficios económicos, cómo se garantizará la atención psicológica especializada y de qué manera las instituciones del Estado deberán coordinar acciones para proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
““El Estado no los va a abandonar. Se ha formado un equipo de trabajo con distintas organizaciones y fundaciones, con las cuales ya se ha logrado concluir el documento para plasmarlo y que, de una vez por todas, sea una realidad”, dijo Echeverría en el acto realizado en Casa Grande del Pueblo.
Asimismo, destacó que este reglamento propone procedimientos claros para la entrega de beneficios económicos que incluye la propuesta de un pago de 20% del Salario Mínimo Nacional a favor de las víctimas de feminicidios.
“No podíamos dejar a un lado a los niños que han perdido por culpa de quien debía proteger su derecho a crecer al lado de su madre. Es la forma más cruel y extrema de violencia”, acotó.
La Ley 1680 se promulgó el 5 de noviembre de 2025, estableció derechos y beneficios. Asimismo, el reglamento permitirá definir con claridad cómo se ejecutarán los beneficios económicos; la atención psicosocial especializada, con acompañamiento multidisciplinario y seguimiento continuo.
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Coordinación
Además, facilitará la coordinación entre las instituciones del Estado; la protección del patrimonio y los derechos sucesorios, evitando el despojo de bienes y la prioridad del derecho a vivir en familia y en entornos seguros.
En Bolivia, siete de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, y cerca de un centenar por año muere en manos de sus esposos, cónyuges o parejas sentimentales.
Las investigaciones del Ministerio Público develan que estas muertes ocurren con mayor violencia y dejan a hijos sin sus progenitoras. En lo que va de este 2026, se registran 17 feminicidios.
En esa línea, el reglamento establece atenciones psicosociales, acompañamiento sostenido y reparación integral con dignidad como bandera prioritaria.
Su redacción es resultado del trabajo con diferentes colectivos feministas y organizaciones de mujeres del país, quienes conocen de primera mano los procedimientos de atención a víctimas de violencia de género.
“La inacción del Estado se tradujo en una ley que refleja compromiso porque la reglamentación da tareas concretas a cada institución pública”, señaló por su parte, la representante de la alianza Voces Libres, Mercedes Cortés.
En el acto, participaron también organizaciones como la Defensoría del Pueblo, Aldeas Infantiles SOS, el Observatorio de Violencia y organizaciones de familiares.
A su vez, Mónica Bayá, de la Comunidad de Derechos Humanos, destacó el proceso participativo que involucró a instituciones públicas, asambleístas y sociedad civil para lograr esta reglamentación. “(El proyecto) es una herramienta esencial para que las medidas de la ley se concreten en el corto plazo y contribuyan a paliar el sufrimiento, garantizando bienestar, integridad y seguridad”, expresó.
Según datos del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, hasta diciembre del año pasado, se estima que en Bolivia hay al menos 961 niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio.
