Un contingente policial intervino este viernes en inmediaciones de la Asamblea Legislativa para liberar a dos dirigentes campesinos que permanecían retenidos por grupos movilizados que exigen la abrogación total de la Ley 1720, de reconversión de tierras.
El hecho ocurrió en la vigilia instalada por marchistas indígenas y campesinos provenientes de Beni y Pando, quienes permanecen en La Paz desde principios de semana tras una caminata de casi un mes en rechazo a la normativa sobre tierras.
Según denunciaron los movilizados, los dos dirigentes fueron acusados de “traicionar” la protesta y de negociar con el Gobierno sin consultar a las bases. Los manifestantes también los señalaron de “haberse vendido” al Ejecutivo, por lo que decidieron desconocerlos públicamente.
Lea también: Diputados devuelve proyecto de abrogación de la ley 1720 a la comisión para enmendar observaciones
La Policía llegó hasta el lugar para retirar a ambas personas y evitar que la situación escale. Con apoyo de efectivos del orden, los dirigentes abandonaron el punto de vigilia instalado cerca del Parlamento.
La tensión dentro de la movilización creció después de que sectores campesinos rechazaran acuerdos parciales alcanzados entre el Gobierno y algunos representantes de organizaciones sociales. Los marchistas insistieron en que no aceptarán negociaciones que no incluyan la anulación total de la Ley 1720.
La marcha indígena y campesina arribó a La Paz el 4 de mayo después de 28 días de recorrido desde tierras bajas. Los movilizados demandan la abrogación de la Ley 1720, norma que permite al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) convertir pequeñas propiedades tituladas en propiedades medianas.
Los sectores movilizados consideran que la disposición pone en riesgo las tierras comunitarias y favorece la concentración de tierras.
El Gobierno defendió inicialmente la ley y sostuvo que busca facilitar el acceso a créditos y promover la modernización productiva. Sin embargo, ante la presión social y las movilizaciones, el presidente Rodrigo Paz acordó impulsar su abrogación en la Asamblea Legislativa.
Pese a ello, la vigilia continúa en el centro paceño y los marchistas advirtieron que mantendrán sus medidas de presión hasta que la norma quede anulada de manera oficial.
