Muchos de los desajustes del Órgano Judicial tienen que ver con comportamientos sociales y no solo con problemas institucionales. La tendencia a judicializar cualquier controversia, la desconfianza sistemática en las decisiones de los jueces y el extendido ánimo punitivo no contribuyen a un funcionamiento razonable de la Justicia.
En las últimas semanas, la opinión pública ha estado concentrada en las idas y venidas del tratamiento judicial del caso del perro Panduque. Se ha visto a decenas de abogados involucrados, a juzgados asumiendo decisiones controvertidas y hasta personas detenidas por ese motivo. Más allá de su naturaleza pintoresca, llama la atención la cantidad de recursos y esfuerzos que se invierten en tales problemas.
También en estos días se han vuelto a repetir cuestionamientos de autoridades gubernamentales sobre algunos fallos judiciales en casos al parecer emblemáticos. Aunque hay que ser prudentes sobre las razones de fondo que justifican esos posicionamientos, no deja de ser llamativa la rapidez y frecuencia en que se cuestionan decisiones que no satisfacen a una de las partes, asociándolas además con denuncias o sospechas de irregularidades o de mala praxis de los operadores de justicia.
Aunque hay mucha consciencia respecto de las debilidades estructurales del sistema judicial que no favorecen a un tratamiento oportuno, eficiente y transparente de las causas, también hay que llamar la atención sobre los comportamientos sociales que no contribuyen a su buen funcionamiento. Por una parte, nos quejamos por la saturación de los juzgados o del poco tiempo que tienen jueces y fiscales para trabajar en casos con implicaciones significativas para la seguridad ciudadana, el desarrollo nacional o los derechos humanos; y por la otra insistimos en llevar a estrados judiciales cualquier controversia, pese a que quizás podría ser resuelta por vías alternativas, sin preocuparnos por los costos sociales que implica su judicialización.
De igual manera, pese a los esfuerzos por descongestionar los recintos penitenciarios y garantizar que se respete el derecho a la presunción de inocencia, existe una fuerte tendencia a exigir procedimientos punitivos ante cualquier situación que parece irregular. De ahí la multiplicación de detenidos preventivos y el cuestionamiento sistemático de las decisiones judiciales cuando son percibidas como muy tolerantes. Estas lógicas generan incentivos perversos entre los operadores de justicia, debilitan el derecho a la defensa y aumentan la desconfianza en el sistema judicial.
En síntesis, junto al esfuerzo de reforma estructural del Órgano Judicial, está la necesidad de modificar paulatinamente visiones y comportamientos sociales que apuntan a una judicialización compulsiva de la vida social y a una Justicia entendida solo como una máquina de sancionar a cualquier costo.
