En julio de 2013, después de muchos años de pelea interna, el sector audiovisual ampliamente representado realizó su Primer Congreso en Cochabamba. Esta iniciativa animada desde muchos años antes, finalmente logró su propósito: un documento actualizado de Propuesta de Ley del Cine y Audiovisual Boliviano, consensuado por la mayoría para reemplazar a la Ley 1302, obsoleta y anacrónica.
Del Congreso surgió una comisión encargada de impulsar el proceso burocrático de revisión del anteproyecto con el equipo jurídico del Ministerio de Culturas y Turismo (MCyT), pasando por las etapas de revisión de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), el Consejo Nacional de Política Económica (Conape) y la Asamblea Plurinacional.
En ese entonces habían tres aspectos fundamentales que negociar con el Estado: primero, un Fondo de Fomento que no sea crédito bancario. Segundo, una nueva institución rectora que reemplace al Conacine que incluya las regiones de todo el país, y tercero, una gestión conjunta entre el Estado y la Fundación Cinemateca para las tareas de preservación y resguardo del patrimonio fílmico.
Si pondríamos un número a las reuniones de la comisión con el ministerio, desde 2013 hasta la fecha, sobrepasan las 100, en las que en reiteradas ocasiones los miembros de la comisión explicamos una y otra vez el sentido, propósito y razón de la nueva Ley del Cine, el concepto de Soberanía Audiovisual, Excepción Cultural, Cuota de Pantalla, Cesión de Pantalla, Distribución, Fondo de Fomento y la gran necesidad de integrar a todos los departamentos a la entidad rectoría del cine en el país.
También explicamos incansablemente el impacto positivo de una industria audiovisual fortalecida, como el caso de Colombia, y los beneficios que puede darle al país fomentar la producción audiovisual con identidad. Hicimos esta exposición de motivos en tres ocasiones, a cada uno de los ministros de turno: Pablo Groux, Marko Machicao y Wilma Alanoca.
Tantas idas y venidas obviamente debilitaron la relación entre la Comisión de la Ley del Cine y el Ministerio de Culturas y Turismo, ya que las sucesivas reuniones sin resultados —y muchas veces sin voluntad— no dieron muchos frutos, y el cambio de autoridad también afectó el proceso, ya que había visiones distintas y mucho desconocimiento del tema.
Finalmente, en 2016 el equipo jurídico del MCyT entregó a la Asamblea Plurinacional un documento no aprobado por la comisión ni el sector. Se trata de un documento que muchos desconocen.
Ante estos acontecimientos, y a solicitud de la Comisión de la Ley del Cine, se ha realizado una reunión con la actual Ministra de Culturas y Turismo, donde se estableció un cronograma de trabajo para abril.
Estas reuniones de trabajo servirán para solucionar tres puntos en debate. Por una parte está la creación de una tasa administrativa consistente en un 3% de la exhibición y un 3% de la distribución de películas comerciales en territorio nacional. Esta tasa se constituirá en el sustento económico del nuevo Fondo de Fomento que impulsará toda la cadena de producción del cine nacional.
Un segundo tema es la participación conjunta —del Estado y el sector audiovisual organizado— en la formulación de políticas públicas para la actividad cinematográfica y audiovisual en el país. Un tercer tema tiene que ver con la participación conjunta entre el Estado y la Fundación Cinemateca para garantizar la preservación y la protección del patrimonio fílmico.
Del diálogo proactivo de estos temas depende llegar a un acuerdo entre las autoridades del Estado y el sector audiovisual para que la nueva ley vea la luz a mediados de este año.
En estas sesiones participarán instituciones del cine con personería jurídica y representatividad demostrada. Asisten a las reuniones el Movimiento de Cine y Video Boliviano, la Asociación de Cineastas de Bolivia (Asocine), el Centro de Formación y Realización Cinematográfica (Cefrec), la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia (Caib), la Cámara de Empresarios Cinematográficos de Bolivia y el Bolivia Lab.
* Los autores forman parte de la Comisión de la Ley del Cine
