Las movilizaciones de las organizaciones sociales llevan más de una semana. Hay que estar en el lugar de los viajeros que han sido sorprendidos en medio del camino para entender sus penurias. La fruta que llevaban a vender, o los pollos, se están perdiendo irremediablemente —y con estas mercancías su posibilidad de ingresos—. ¿Quién les va a reponer todo esto?
Hay niños junto a sus padres que están pasando hambre, sed y seguramente el miedo por la incertidumbre.
Una embarazada, Flora, ha vivido injustamente momentos de dolor y temor, pues a punto de dar a luz, se le presentaron complicaciones. La providencial presencia de periodistas logró convencer a los bloqueadores para que le permitan llegar a un hospital.
Doña Flora, una anciana, lloraba desesperada pues no se animaba a dejar su mercadería en el lugar (vende prendas de vestir), había agotado el dinero que llevaba y no sabía a quién acudir.
Por supuesto que en todos estos problemas hay personas intransigentes y éstas se hallan entre los bloqueadores, los que piensan que las exigencias propias son las que valen más.
Pero la responsabilidad mayor para garantizar los derechos de los bolivianos, para evitarles situaciones que atentan contra su seguridad y, tal vez, hasta su vida, es del Gobierno.
Y en el caso de Caranavi, el tema nace de un decreto que aprueba la construcción de una planta de cítricos. Falta, y aquí aprovechan para crear el conflicto los habitantes del pueblo de Caranavi, lo mismo que los de Palos Blancos, que se decida el lugar exacto para levantar la planta. De esto hay que tratar y eso reclaman las partes enfrentadas.
¿Cuál ha sido la respuesta de parte de las autoridades del Gobierno? Sacha Llorenti ha amenazado con sancionar a los bloqueadores. Gustavo Torrico dijo que se iba a «perseguirlos y enjuiciarlos». Y el senador masista Fidel Surco ha sido incapaz de negociar con las bases que le catapultaron en su momento.
Mientras tanto, la crisis se agudiza. Los habitantes de Palos Blancos han atacado propiedades de la gente de Caranavi y están dispuestos a desbloquear los caminos por la fuerza. Los transportistas están hartos. En algún momento, los grupos se van a encontrar y seguramente no será para dialogar.
Menudo problema en el que está metido el Gobierno. Y, por supuesto, los bolivianos. Porque con estos actos de violencia pierde el país todo.
