La definición que el Órgano Ejecutivo ha tomado de estatizar la administración de los fondos de pensiones merece un cuidadoso análisis, en lo posible, lejos de la mirada política e interesada que con frecuencia sobresale y, no debería ser así. Un tema económico de semejante envergadura, en el que está en juego nuestro futuro y el de nuestros hijos, demanda responsabilidad.
En primer lugar, habría que preguntarse cuál es la razón por la que el Estado deba hacerse cargo de los fondos de todos los bolivianos, sabiendo que, por encima de cualquier otra consideración, está la necesidad de garantizar la eficiente administración de los mismos para no hipotecar el porvenir de los jubilados de mañana. Existe coincidencia en que las AFP Previsión y Futuro de Bolivia han manejado correctamente ese sensible capital.
Frente a las suspicacias de una recaída estatal en las garras de la corrupción, el Gobierno sostiene que el Estado puede ser un buen administrador y desmerece los criterios que apuntan a la institución pública como un lugar ideal para el accionar de los deshonestos. YPFB, sin embargo, no es el mejor ejemplo que tiene para dar; y, en cambio, el MAS pone sus fichas en la conducción de Entel, a la que habrá que esperar un poco antes de juzgarla.
En segundo término, la edad mínima para jubilarse (58 años), negociada con la oficialista dirigencia de la COB, se enfrenta con el difícil reto de volver sostenible una medida fundada en la presión de las movilizaciones. La perdurabilidad del proyecto —según el Ejecutivo, por un período mínimo de 40 años— tropieza con dudas del lado de los expertos: el ex viceministro de Pensiones José Luis Pérez ha rebajado a la mitad esa proyección.
Un tercer punto a tomar en cuenta tiene que ver con la preocupación expresada por la contraparte de los aportes en este todo que constituye el sistema previsional. No resulta lógica la aplicación de un plan si, para tan arriesgada apuesta, como es la estatización de las dos AFP, se genera un desbalance en el sector privado, como si el bienestar de éste no contara en el marco de las finanzas del nuevo Estado.
Como vemos, la cuestión de la jubilación tiene éstas y otras muchas aristas que convendría abordar dentro de un gran diálogo, que sirva para despejar los recelos y aclarar la figura de estos cambios decisivos, antes de seguir adelante sin el debido consenso.
