Este fin de semana pasará a la historia como una nueva vez en la que los políticos fueron incapaces de ponerse de acuerdo en torno a un paso trascendental para la vida de los bolivianos en sociedad. Las autonomías avanzan sin la oposición, que encuentra así el modo de rearticular sus desperdigadas fichas alrededor de una demanda sensible para las regiones.
El gobierno de Evo Morales tiene dos enormes capacidades: una, de aprobar lo que desee, ya sea por la vía de los decretos supremos o de las leyes; y dos, la de generar reacciones contrarias y alumbrarse conflictos por doquier. Esto, con seguridad, será tomado como un halago por los seguidores del régimen de los cambios si es que, al igual que sus líderes, creen que la resistencia a estas medidas obedece a un afán desestabilizador o a una oposición natural ante la pérdida de poder de las logias.
La última de las demostraciones de esta doble capacidad del Gobierno está en pleno desarrollo y tiene que ver con la aprobación de la Ley Transitoria de Autonomías, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El disenso acaparó la atención en un tema demasiado serio, tanto que prepara el camino para llegar a la Ley Marco de Autonomías, es decir, a la nueva estructura funcional del Estado.
La denominada «ley corta» tenía que ser un modelo de adecuación para los próximos gobiernos autónomos; una pauta para la transición. Pero sus polémicos artículos 6, 7 y 8 —a los que luego se añadió el cuatro: el Presidente posesionará a los gobernadores— le incorporan un gran efecto político, llamativamente, desmarcándose de la generalidad de una normativa en los prolegómenos considerada basamento para la que se debe aprobar hasta el 22 de julio, según los plazos señalados en la Constitución Política del Estado.
La ley contradice a la Carta Magna, aunque se alegue que había un vacío jurídico, y esto es aprovechado por la oposición para preparar un terreno de conflictos; terreno, otra vez, abonado por el MAS. Ahora, no hará falta una sentencia ejecutoriada para que una autoridad electa deje su cargo; una simple acusación, por parte de un fiscal, será suficiente para que sea suspendida temporalmente (en nuestro país, esto puede significar años) y afronte el correspondiente juicio como cualquier otro ciudadano.
Si solamente así se garantiza el principio de igualdad (como sostiene el oficialismo); si es antidemocrático reemplazar, por más que fuera interinamente, a un gobernador electo en las urnas (argumento de la oposición), hoy, importa menos que ayer. La institucionalidad se debilita de nuevo y el clima de confrontación recobra fuerza con cabildos, paros, huelgas y otras costumbres nacionales de protesta, por la incapacidad política de llegar a acuerdos.
