La debilitada justicia boliviana viene recibiendo una serie de inyecciones políticas que buscan reanimarla. La primera fue una potente dosis que, de un solo decreto y contrariando a la independencia de poderes, fortaleció a sus principales órganos con la designación de autoridades interinas. La semana pasada, por ley, como debe ser, se modificó la normativa penal.
«Se acabó el jolgorio judicial», aseveró el vicepresidente Álvaro García el día de la promulgación de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, otro golpe de efecto tras la designación de autoridades transitorias por decreto y antes de las próximas elecciones nacionales, previstas para el 5 de diciembre, cuando la ciudadanía deberá votar por nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, ministros del Tribunal Supremo y consejeros de la Magistratura.
La línea del Gobierno está claramente trazada en este sentido. El presidente Evo Morales lo anunció en su momento y tiene que ver con una agresiva política de «descolonización de la justicia», lo cual abarcaría el combate contra dos de los grandes males de este órgano del Estado: la retardación y la corrupción. Pero incluso antes se sabía adónde se estaba apuntando, con la aprobación de la Constitución Política del Estado cuyo artículo 9 obliga a éste a «constituir una sociedad justa… con plena justicia social…». Enunciados que, de una u otra manera, siempre estuvieron pero nunca se concretaron en realidad.
El artículo 115 establece más palmariamente que «toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos». Y luego que «el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones».
La ley que modifica dicho sistema normativo representa un paso importante dentro de ese cometido, porque endurece las penas en determinados casos, por ejemplo en los que estén involucrados jueces, fiscales, policías y abogados; también fija un procedimiento nuevo para ciertos juicios abreviados; pero, además, entre otros avances dignos de destacar, equilibra la justicia para delincuentes y víctimas (hasta ahora, los primeros terminaban más protegidos que las segundas).
Menuda tarea a la que están abocados los órganos del Estado, principalmente con el empujón político del Ejecutivo y el Legislativo. Queda claro que la justicia necesita acciones coordinadas, mas nunca violatorias de la independencia de poderes. El caso concreto de esta ley demuestra que se puede trabajar a favor de la sociedad sin mayor burocracia ni ataduras interesadas de partidos. Ahora, lo que la población merece es que la letra no quede muerta en el papel.
