Simplemente inaceptable. Quién puede dudar, a esta altura de los acontecimientos, que la medida irascible del Cabildo de Uncía sólo echa más leña al fuego. Cuatro policías han sido linchados por campesinos en el Norte de Potosí y sus cuerpos, hasta ayer, permanecían en poder de los asesinos, sin que los familiares de las víctimas pudieran darles sepultura.
Los hechos fueron aceptados por los comunarios de los ayllus involucrados y, sin embargo, en ningún momento se advirtió arrepentimiento en ellos. Todo lo contrario, siguieron adelante como si nada hubiese ocurrido… solamente un estado de guerra puede explicar esa indolencia.
Por ahí parece que va este conflicto. Durante un tiempo largo, en la región de Uncía se han venido activando operaciones clandestinas relacionadas con la compra y venta de vehículos y otras mercancías de contrabando.
Y como respuesta, la acechanza de las fuerzas públicas del orden, aunque deficiente, ha ido cultivando un resentimiento que estalla y se hace visible cada vez más seguido. Así es que, generalmente en las fronteras, se cristaliza una sórdida batalla desigual: entre la siempre débil Policía y los contrabandistas, reforzados con la mafia del narcotráfico.
A este panorama se le suma la lacerante realidad económica de los efectivos policiales quienes, en no pocos casos, se valen de tal mala atención gubernamental para incurrir en excesos de autoridad y, lo que es peor, entrar en el juego de los delincuentes coaccionándoles para recibir dádivas o porcentajes de sus negocios ilícitos.
¿Cómo entender que ninguna autoridad pueda hacer prevalecer la ley donde, primero, se tomó de rehenes a cuatro policías y luego, con total impunidad y más salvajismo, se los ejecutó como si la vida no valiera nada? Por otro lado, ¿cuándo se dará fin con los permanentes enfrentamientos entre «ayllus guerreros»? ¿O el Estado se lavará las manos también en esto, dejando a las comunidades libradas a la suerte de la discrecional justicia comunitaria?
Un pésimo precedente se estaría sentando si este problema no se resuelve a la brevedad posible. La justicia por mano propia en una tierra sin ley acecha y, a más de conmover, desnuda serias falencias estructurales del Estado que podrían degenerar en anarquía. El Gobierno y sus instituciones tienen el poder de eliminar esta amenaza para la convivencia pacífica de los bolivianos.
