La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas regulará los precios de al menos 20 productos de elevado consumo y que responden a un esquema de cuasi monopolio. La justificación, argumentan las autoridades, es evitar el abuso y dominio de mercado de parte de las empresas.
La iniciativa es, seguramente, positiva. El Estado decide proteger al consumidor de subidas de precios injustificadas y que se aprovechan de que no hay demasiada competencia en el mercado. De esta forma, el empresario gana mucho más de lo que debería, en desmedro de quienes —cautivos— deben adquirir los productos.
Hasta ahí todo parece muy lógico. Sin embargo, en el caso de la cerveza, que está en la lista de 20 productos, surgen algunas inquietudes. Ocurre que el argumento de «proteger el bolsillo del consumidor» se topa con un problema de objetivos sociales, se podría decir.
¿Qué se quiere? ¿Que la cerveza sea tan accesible al consumidor que todos puedan tomarla y en grandes cantidades? ¿No sería mejor que el producto sea caro y muy caro, a ver si así hay mesura entre los consumidores? Es decir. No es pan lo que se está defendiendo. Ni arroz. Ni siquiera cemento. Es una bebida alcohólica. Si la empresa cervecera abusa, castíguesele; pero que el argumento no sea «proteger al consumidor».
