En un verdadero dilema se están viendo dos de los responsables de sostener la acusación por los sucesos de Octubre Negro. Los fiscales Milton Mendoza y Mirna Arancibia postularon a sendas vocalías en diferentes tribunales de distrito y ganaron en sus respectivas convocatorias. Esto les alejaría, sin embargo, del caso que se desarrolla en la Corte Suprema de Justicia.
Mendoza y Arancibia están a un paso de hacer realidad su legítima aspiración de seguir creciendo en la profesión del abogado, pero para eso tendrían que dejar su trabajo a medias, en el que seguramente es el más trascendental de los juicios que les tocó afrontar.
Un año, un mes y dos semanas es el tiempo transcurrido desde que se constituyó el tribunal de sentencia para desarrollar este proceso en Sucre. Ministros del gabinete de gobierno de ese momento y ex autoridades militares aparecen en la lista de acusados, pero la Fiscalía General del Estado se vio impedida de hacer lo mismo con los principales implicados: el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Dante Pino, Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas y Yerko Kukoc.
Todos ellos han huido del país y la legislación nacional no contempla la figura de los juicios en rebeldía. El fiscal Mendoza estimó que, hasta ahora, el juicio de responsabilidades avanzó aproximadamente un 50 por ciento.
Los familiares de las víctimas de Octubre Negro, a lo largo de este año, debieron escuchar la versión de más de 200 testigos, mientras que los miembros del tribunal de sentencia recibieron más de 800 documentos de prueba.
Todo esto en medio de recursos incidentales que han obligado a paralizar el proceso en distintas oportunidades.
A la odisea de pasar por estas largas causas en Bolivia, se sumó la deficiente actuación de la diplomacia, pues hasta ahora no se cumple la orden de extradición librada por la Suprema en el exterior. Como algunos de los acusados se encuentran en Estados Unidos, las malas relaciones con ese país contribuyen a una silenciosa impunidad.
Ahora, tanto los familiares de las víctimas como el viceministro Wilfredo Chávez, piden a Milton Mendoza y Mirna Arancibia que permanezcan en sus cargos para no entorpecer el juicio. Con todo respeto: si dos funcionarios renuncian, por los motivos que fuere, el Ministerio Público sigue en pie y un proceso tan importante como éste no debería correr riesgo alguno.
