Desde el 2004 que el Viceministerio de Defensa Civil declara «emergencia» por la falta de agua en el Chaco sin que se haya logrado disminuir considerablemente el impacto de este mal, como resalta la nota publicada ayer en La Razón.
Cada gestión, informa el reporte, cerca de 16 municipios de la región enfrentan este severo problema entre junio y noviembre. Según el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, se prevé una pérdida de más de 100 millones de dólares por este concepto. Y la seguridad alimentaria de familias indígenas también ha sido afectada: se ha pedido al Gobierno la dotación de raciones de alimentos para al menos 280 familias guaraníes que perdieron el 100 por ciento de su producción.
Por su parte, el Ministerio del Agua informó que hasta el año pasado se habían realizado 460 obras que habrían beneficiado a 6.809 personas.
Ante este panorama, y teniendo en cuenta el trepidante proceso que desde hace años se vive debido al calentamiento global, es menester que las autoridades no se limiten a responder alertas de emergencia. La prevención de desastres naturales, así como oportunas acciones de adaptación —la sequía llegó para quedarse y empeorar cada año—, deben ser una prioridad nacional para garantizar las mínimas condiciones de vida.
