Cada mes, al menos dos casos de tráfico de mujeres bolivianas son registrados en Perú. Jóvenes de entre 15 y 20 años son llevadas a ese país para ser explotadas sexualmente, según ha reportado la Policía del país vecino.
La cifra, si se hace sumas, es alarmante. Pero detrás de los números hay que pensar que existen historias de seres humanos desprotegidos, mujeres dejadas a su suerte a las que de poco les sirve ser ciudadanas de Bolivia, pues sus derechos sencillamente están borrados.
Detrás de cada mujer que pasa la frontera debe haber dramas de pobreza, de sufrimiento, de abandono. Porque, de lo contrario, cómo explicarse que su tragedia se reduzca a un número frío en un registro policial.
Y hay que decir que una cosa es que las autoridades las detecten y otra la cantidad de mujeres explotadas cuya vida se pierde en el anonimato.
Una forma de controlar la salida ilegal de estas jóvenes acaba de presentarse: una oficina de control policial boliviana en la fronteriza Desaguadero. Algo se hará —ojalá que mucho— para frenar a los delincuentes que se llevan a las personas con engaños. Pero mientras exista pobreza y discriminación contra las mujeres, ya encontrarán aquellos la forma de ponerlas a su servicio y mellar su dignidad.
