El pliego de peticiones del Comité Cívico Potosinista contiene seis puntos de complicada solución, pero el conflicto ha rebasado el ámbito de las demandas regionales. Desde hace por lo menos una semana que las emociones dominan a quienes tienen la responsabilidad de devolverle la paz y la tranquilidad al departamento más pobre de Bolivia.
Por un lado, los potosinos se sienten abandonados por el gobierno de Evo Morales, presidente al que apoyaron con el 78,4% de los votos en las elecciones del año pasado. Por el otro, el Órgano Ejecutivo responde que grupos de radicales vinieron entorpeciendo los esfuerzos realizados hasta ahora para lograr un acercamiento. Lo cierto es que, por increíble que parezca, ambas partes dilapidaron valiosos días en la discusión de dónde o quién debe negociar, poniendo condiciones en lugar de mostrar una apertura desinteresada por el bien de todos.
Más allá de los contactos de las últimas horas, el paro tiene al país impresionado por la falta de capacidad de diálogo entre bolivianos. A fuerza de intolerancia, de falta de sentido común y de un interés verdadero en resolver el conflicto, hasta el momento prevaleció la inconsciencia. Las pérdidas económicas que genera la medida de presión en Potosí, donde se encuentra el Salar de Uyuni, atractivo turístico sin par en el país, dejan al descubierto la miopía tanto de cívicos departamentales como de autoridades nacionales.
Para colmo de males, la legitimidad de las protestas de unos rivaliza con la violación de los derechos de los demás.
Es el caso de los bloqueos de caminos, con los que miles de personas —entre ellas visitantes nacionales y extranjeros que mueven la economía, especialmente, de las ciudades sureñas— suelen permanecer en completa indefensión.
La situación es ya angustiosa y resta por negociar la cuestión de límites entre Quillacas y Coroma, la apertura de la planta de Karachipampa, la preservación del Cerro Rico, la atención a proyectos viales, la construcción de un aeropuerto y la instalación de una fábrica de cemento. En este último punto, la lógica manda realizar un estudio de factibilidad, para establecer las mejores condiciones que puedan viabilizar este proyecto y evitar una aventura que podría acabar mal.
Es cierto que para cada caso, el Presidente tiene colaboradores preparados, seguramente, para dar respuestas. Pero, ¿y si él aceptase dialogar con los potosinos? ¿Qué se perdería? ¿Qué se ganaría?
