Con la decisión de elegir a tres vocales para el TSE, el MAS desestimó la propuesta de posponer el proceso por 40 días, lo que, según la oposición, hubiera servido para ampliar la convocatoria y así contar con al menos 12 postulantes y no 11, como finalmente ocurrió. El planteamiento era lógico: se necesitaban seis titulares y seis suplentes.
Se espera que el presidente Morales designe un vocal más, como es su atribución constitucional, para que el TSE pueda contar desde el lunes con el quórum mínimo. Se debe convenir en que la garantía de continuidad en el trabajo de la máxima instancia electoral es indispensable, por lo que preocupa su funcionamiento a media máquina, sin sus autoridades en capacidad de reunirse en sala plena, pues ello redundará en perjuicios que se verán a la larga.
El plan del oficialismo es completar los puestos vacantes en 90 días. Mientras tanto, el calendario electoral tendrá modificaciones y la más importante, sin dudas, será el aplazamiento de las primeras elecciones a través del voto ciudadano en el Órgano Judicial, que estaban previstas para diciembre y, al parecer, se concretarán en mayo del 2011.
De acuerdo con el nuevo modelo de Estado, el Órgano Electoral es un cuarto poder, junto con el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Por lo tanto, su actual estatus demanda tácitamente a los políticos que se pongan a la altura de los acontecimientos históricos del país. Que exista una bancada mayoritaria al punto de que, si lo desea, puede prescindir de la opinión de las voces minoritarias, no significa que sí o sí deba emprender la construcción de leyes sin discusión alguna.
Preocupa que se repita la costumbre de que algunos asambleístas lleguen a sus curules sin conocer por qué o por quiénes votan, ante lo cual se limiten a levantar las manos para cumplir con un formalismo. Y también que los opositores se retiren permanentemente del Congreso, sin completar su trabajo.
Fuera de las eternas disputas, la población estará expectante del accionar de los nuevos vocales, a la espera de probidad, imparcialidad y, sobre todo, independencia respecto del poder político. La transparencia de las futuras elecciones constituye un requisito indispensable para el sostenimiento del sistema imperante en el país, que en los últimos años ha dado pasos importantes dentro de un proceso de consolidación acorde a la convicción democrática de los bolivianos.
