Es difícil, pero no imposible». Así ha resumido el fiscal Milton Mendoza el proceso de investigación del linchamiento en Ayo Ayo, que acaba de traducirse en una sentencia contra algunos de los autores. Éstos, escudados en el pacto de silencio de todo un pueblo, que hace seis años secuestró, torturó y asesinó a Benjamín Altamirano, alcalde entonces del municipio paceño, habrán pensado que al argumentar «justicia comunitaria» saldrían bien librados.
Pero no. La justicia, la no comunitaria, la de los tribunales, tardó pero llegó. Sólo resta que los sentenciados sean detenidos y enviados tras las rejas. Todo un antecedente.
Según Mendoza, la clave del trabajo asumido por la Fiscalía ha sido no dejar el caso, atenderlo día a día, reunir pruebas, cotejarlas, dar argumentos al juez para dar su fallo.
El resultado va más allá del caso Altamirano. La muerte de este hombre, que días antes de morir buscó ayuda sin ser escuchado —tan increíble parecía su denuncia—, no va a ser reparada. Sus familiares lo han dicho también: no volverá a la vida. Pero, la sentencia se abre como un antecedente importantísimo, habida cuenta de las veces que la gente, amparada en el anonimato, hace «justicia» por propia mano, para evitar estos extremos. Hay otros casos igual de violentos que tal vez encuentren justicia.
