No es posible retrotraerse a los inicios del mundo moderno sin pensar en la contribución fundamental del cemento. La prosperidad de las ciudades, revestida de un cariz innovador, no se presentaba entonces del color verde característico de la naturaleza, sino del gris más propio de los lugares donde el árbol era poco a poco reemplazado por las paredes.
Con la globalización llegó el fenómeno del incremento del consumo y esto, a su vez, obligó a las industrias a multiplicar sus esfuerzos de producción para atender la gran demanda mundial. La fabricación de cemento no quedó exenta del boom.
En este siglo XXI, en el que el cemento se elabora con una incidencia negativa en el medio ambiente cada vez menor, el consumo per cápita de este producto está promediando los 287 kilogramos por habitante y, en el caso concreto de Bolivia, los 220 kilos por habitante.
La demanda es baja con respecto a otras de la región; sin embargo, aquí se concentra la mayor cantidad de plantas cementeras en relación con la cantidad de habitantes. Pese a esto, la capacidad instalada de las fábricas es mínima, de tres a cuatro millones de toneladas al año.
El sector de la construcción se ha constituido, especialmente en la última década, en un pilar fundamental de la economía al generar un movimiento de recursos inusual en el mercado. Y, ante la creciente demanda de cemento, las fábricas se plantean ahora nuevos retos para atender los pedidos que les espera.
En el país operan siete fábricas de cemento. Soboce invirtió recientemente 35 millones de dólares en su planta de Viacha, renovando de esa manera su apuesta por el sector y la estabilidad económica a largo plazo. Fancesa piensa en una nueva planta con una inversión de $us 80 millones. Y el Gobierno prometió crear dos fábricas estatales, una en Potosí y otra en Oruro.
En abril reciente se informó que Venezuela y Bolivia instalarían el 2012, en una ciudad boliviana, una gigantesca fábrica de cemento que será financiada con fondos del Banco de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA).
Más allá del auge de solicitudes departamentales y de las consecuentes dádivas políticas, el Gobierno tendrá que analizar bien la pertinencia de abrir fábricas de cemento estatales en el país, además de probar su capacidad de gestión, de tal manera que estas millonarias inversiones terminen resultando un éxito empresarial y no político.
