A fines de abril, los yungueños se enfrascan en una pelea por una planta de cítricos ofrecida en época de campaña electoral y las autoridades dilatan una salida al problema con el argumento de que se trata de un lío entre sindicatos. Poco después, el conflicto se desborda y, tras 11 días de bloqueo, la Policía interviene con un saldo de dos muertos.
El Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia investigan y concluyen que en los enfrentamientos de Caranavi (7 y 8 de mayo) la Policía cometió abusos y que el Gobierno no actuó con la prontitud que debió hacerlo en este caso. El Ejecutivo y la Policía rechazan el informe.
El 23 de mayo, cinco ayllus de Uncía, en Potosí, capturan a cuatro policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove). Un día después la Policía conoce el caso.
Mientras los uniformados piensan en un plan de rescate, que al final nunca logran ejecutar, los campesinos torturan a los policías y luego los ejecutan con golpes en la cabeza.
Sus cuerpos se recuperan 11 días después gracias a una negociación en la que interviene, no la Policía ni el Gobierno, sino un sacerdote y el abogado de los familiares. Luego, un informe forense revela un dato que estremece: uno de los policías fue ejecutado entre 4 a 6 días antes de que su cuerpo fuera recuperado, es decir al menos cinco días después de su captura, o si se quiere, después de cinco días de sufrimiento.
Lo peor de todo: murió mientras las autoridades intentaban negociar el ingreso de la Policía a los ayllus. El Gobierno y la Policía explican que no hubo intervención porque ello habría provocado una matanza.
A fines de julio, miles de potosinos inician un bloqueo en demanda de una lista de pedidos regionales. Las autoridades del Gobierno dicen que se trata del opositor René Joaquino y sus amigos desestabilizadores de la gestión gubernamental.
Pero la medida de presión se extiende por 19 días, en los que los potosinos dan muestras de su fuerza de movilización, no sólo en su tierra sino en otros cinco departamentos.
Al final llega el diálogo y la medida se levanta, pero tras dejar un duro revés al turismo y una pérdida millonaria calculada en más de $us 12 millones. El Gobierno dice que no perdió mucho con la movilización.
Sin embargo, analistas, políticos, ex masistas, comentaristas y ramas anexas opinan que el Ejecutivo, o tiene un exceso de soberbia o adolece de una seria debilidad en su sistema de prevención de conflictos. La población también dio su opinión: el respaldo a Evo Morales cayó en nueve puntos, de 55 a 46%, según la última encuesta de Ipsos. Datos que al menos ameritan una reflexión.
Baldwin Montero Plaza
es periodista.
