La Razón accedió a un proyecto según el cual se busca vigorizar a la Conalcam hasta convertirla en la nueva estructura de control político y social en el país. El objetivo central es «garantizar que el proceso de cambio dure muchos años», reconoció Rodolfo Machaca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Luego, se conoció que, en realidad, esta asociación de grupos entre los que destacan sindicatos y otras organizaciones ligadas al MAS, se encargará de diseñar la Ley de Control Social y que esta instancia —el Control Social— será un mecanismo convertido en suprapoder. El perfil de la Conalcam, de todos modos, continúa bastante más alto del que tenía al principio: estaría perfilando nada menos que un suprapoder.
La intención pudo haber sido desviar la atención, que la opinión pública no tome a la Conalcam como un poder que estuviera encima de los reconocidos por la Constitución; las críticas llovieron cuando se supo que los movimientos sociales, seguramente a través de una cúpula dirigencial, manejarían una especie de poder extraordinario.
El oficialismo dio una buena señal al rechazar de plano la intención del Consejo de Participación y Control Social de dotar de inmunidad a sus miembros. Por otro lado, la reacción de varios políticos opositores sonó algo exagerada, principalmente aquella que vinculó a la futura Conalcam con situaciones ilícitas, sin posibilidad de otorgar a esa organización el beneficio de la duda o, tal vez, esperar a que se definan sus atribuciones.
La idea de un organismo de control social siempre, no es de ahora, inquietó en el ambiente político. Salió a la luz durante la Asamblea Constituyente, donde se hablaba del Control Social como un cuarto poder. En definitiva, la Constitución terminó reconociendo que «la sociedad civil ejercerá el control social a la gestión pública de todos los niveles del Estado y a las empresas públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales» (Art. 241).
Todavía se está a tiempo de encaminar el Control Social por la única vía posible en democracia, dentro del marco de la Constitución y las leyes. El gran reto es acomodarlo en la estructura institucional vigente del país, sin que vulnere la independencia de los poderes, aparte de que la nueva instancia debe respetar la libertad de expresión de sus integrantes y no erigirse en una suerte de mordaza.
