Una sospecha que no apunta contra el acusado, sino contra los acusadores. Casi se diría que la población esperaba algo así y hasta se preguntaba ¿cuándo le toca al Alcalde paceño?, ¿cuándo al ex alcalde Juan del Granado? Pues la expectativa no duró mucho. Opositores, en una de las plazas más importantes del país: la Alcaldía de La Paz, parecía imposible que la gestión del Movimiento Sin Miedo transcurriese en paz.
El contralor, el masista Gabriel Herbas, ha intentado curarse en sano al alegar: »para que quede evidencia de que no es ninguna persecución política ni nada parecido, acá tengo la solicitud para la auditoría del propio ex presidente del Concejo Municipal, Luis Revilla».
Aclaración que, en el contexto que vive el país, se hace necesaria; pero que al mismo tiempo pone en evidencia lo obvio: casualidad o no —hay que dejar abierto el beneficio de la duda—, las autoridades y/o líderes de la oposición al MAS parecen desfilar en la fila de acusados como fichas de una mente que las ha elegido y que busca cómo afectarlas.
Por supuesto, argumentos legales, jurídicos, asoman como las armas ante las que no cabe réplica. «Por si acaso…», y procédase a procesar, a castigar… En las películas policiales, el detective que investiga un hecho, que se topa con un cadáver, se pregunta, para hallar a los sospechosos: ¿Quién se beneficia con esto?
Ya se ha dicho, casualidad o no, lo que la justicia está haciendo le cae muy bien al oficialismo. Sus contendientes actuales o futuros son atrapados en marañas jurídicas que dejan la cancha libre al MAS en alcaldías, por ejemplo. René Joaquino lo sabe muy bien. Y ahora toca el turno a Revilla.
Lo preocupante de esta situación es que, probablemente existan, en algunos casos, buenas intenciones en el sentido de juzgar las malas acciones públicas, la corrupción, la negligencia en el ejercicio de las funciones, etc. Un país que como Bolivia ha sufrido una y otra vez por la mala y pésima actuación de sus autoridades, pedía a gritos el castigo, la sanción contra éstas. Y lamentaba el ver cómo el mayor corrupto volvía a ocupar cargos sin rubor. Por ello, que ahora haya una fiscalización tan celosa debería ser aplaudido.
Y sería, si es que se actuase con la misma rigurosidad con todos los funcionarios, no sólo opositores o críticos. No es así y entonces la sospecha de que el mayordomo no es el asesino crece.
