La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, valor por el cual los periodistas bolivianos, desde el nacimiento de la República, han luchado y al que ahora estamos dispuestos a defender. No se trata de una posición política o un mero discurso, como pareciera serlo para algunos políticos.
En el caso nuestro se trata de nuestra razón de vida. En lo laboral, porque somos intermediarios en el proceso de información, somos los que escuchamos a los que quieran decir su verdad, los que amplificamos la voz de la sociedad, sin mirar para ello colores políticos, raza, religión, edad o identidad sexual. Somos los que retratamos al país y a sus habitantes. Y los gobernantes de turno están en la obligación de manejar la casa nuestra, la de todos los bolivianos, con transparencia, como lo hacemos los periodistas, más allá de algunos errores propios de cualquier profesión.
Ésa es la expectativa de los ciudadanos hacia nuestra labor, pero eso no gusta al poder, ya sea militar, neoliberal y parece que tampoco al actual. Por eso, no es novedad que quieran amordazarnos y que ahora, al igual que en el pasado, los periodistas estemos protestando. La libertad de expresión es nuestra razón vida, no sólo por nuestro compromiso moral con la sociedad y la democracia, sino además por un principio universal de respeto a los derechos humanos.
demás, de nuestro trabajo dependen miles de personas, directa e indirectamente, y una amenaza de cierre, por supuesto que la rechazamos, así como rechazamos que en democracia se criminalice la labor periodística y se nos pretenda encerrar tras las rejas y dejarnos sin fuentes de trabajo por culpa de terceros. Los trabajadores de La Razón no nos oponemos a la Ley contra el Racismo y la Discriminación, pero nos sumamos al pedido de todas las organizaciones de la prensa y nuestros colegas de gran parte del país, con algunas excepciones, para que la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, en calidad de instancia revisora de la norma aprobada por la Cámara de Diputados, elimine los artículos 16 y 23 del proyecto de ley que está en debate, porque tal como están redactados abren espacios inadmisibles de censura y autocensura y ponen en riesgo la estabilidad laboral de las trabajadoras y los trabajadores de la prensa.
Asimismo, exigimos el pleno respeto a la Constitución Política del Estado, que en su artículo 107 define el mecanismo de la autorregulación. El Gobierno y la sociedad en su conjunto debe tener plena garantía de que los trabajadores de la prensa seremos el más importante de sus aliados para la eliminación de todas las formas de discriminación y racismo.
