El informe aporta evidencia de que existe cada vez mayor igualdad política y legal, traducida en creciente participación de sectores de la población hasta hace poco tiempo históricamente excluidos de los circuitos formales de representación. Pero, por otra parte, muestra que no hay un correlato en materia de igualdad social, especialmente en el acceso a derechos como educación y salud, que han tenido sobresalientes mejoras, aunque siguen mostrando profundas inequidades.
El Informe caracteriza las desigualdades en históricas, materiales, simbólicas, y nuevas desigualdades. Todas ellas alimentadas por un extenso sistema de exclusiones, que van desde ser mujer, indígena o vivir en el área rural, hasta tener hábitos de consumo, identidades o estilos de vida profundamente diferenciados y hasta excluyentes.
Este «desfase» entre mayor y mejor ejercicio de los derechos políticos frente a los derechos sociales puede provocar tensionamientos sociales, dice el Informe, y uno de los investigadores del IDH afirma que, de persistir, puede poner «en riesgo la propia persistencia de la democracia».
Sin embargo, también afirma el IDH que Bolivia tiene actualmente condiciones sociales muy favorables para profundizar el cambio social con igualdad. Así, un contexto macroeconómico saludable, que posibilita políticas «agresivas» como los bonos, sumado a un proceso de transformación del Estado, específicamente en lo referido al proceso autonómico y su potencial democratizador, debieran permitir la satisfacción de las también crecientes expectativas de la población en el mentado cambio. Para este fin, señala enfáticamente el PNUD, hace falta la participación de todas y todos.
La propuesta del equipo del IDH se resume en tres ejes sobre los que asentar las políticas públicas que, como se dijo, gozan de una coyuntura favorable a la transformación: primero, universalizar los derechos básicos, en el entendido de que, como señala el Informe, «aquellos derechos que no son ejercidos por toda la población se convierten en privilegios». El segundo eje se refiere a la democratización del empleo y el trabajo dignos, pensando, sobre todo, en la vigencia de un sistema de seguridad social que cubra efectivamente a todas las personas. Y el tercer eje es el combate activo contra la discriminación y la promoción de la convivencia entre diferentes que son iguales.
El asunto pasa, también, por saber distinguir cuáles son nuestras diferencias y en qué somos iguales. El ejercicio de los derechos debe ser lo segundo y no lo primero.
