A los obispos les preocupa el «clima de desconcierto» debido a una «falta de claridad y transparencia en indicar las metas» y sugiere que con ésta se pretende «ocultar otras intenciones». Se cuidan los jefes católicos de atribuir estos comportamientos a persona alguna, como también evitan mencionar quiénes, en efecto, viven en desconcierto precisamente por el rumbo que el Estado ha tomado para garantizar esas metas que, desde otra óptica, son evidentes.
Se hace más clara la posición de la Conferencia Episcopal cuando se manifiesta en defensa de escuchar el «clamor y la opinión de los grupos», que por cierto gozan de amplios espacios para ejercer su libertad de expresión pese a la «ausencia de un diálogo sincero», y que en esencia son aquellos a los que los obispos identifican como «personas o grupos opuestos» víctimas de exclusión.
Se basa la argumentación de los obispos en la ostensible pobreza en la que vive gran parte de la población del país, y se conduele de las condiciones de quienes son más pobres entre los pobres, pero se guarda de señalar las condiciones históricas y estructurales, y la injusta distribución de la riqueza que provocan estos extremos; asimismo, llamativamente también omite reconocer los avances registrados en las últimas décadas, que paralelamente son mencionados en el último Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Piensa la jerarquía católica que actualmente se están «pisoteando» los derechos, incluso los «inalienables como el respeto a la vida y la dignidad de la persona, y las libertades personales y democráticas». Pero cabe preguntarse si esta posición es compartida por todo el cuerpo de la Iglesia Católica, desde los sacerdotes y laicos de base hasta las y los feligreses, que en su vida cotidiana observan un país desde las distintas perspectivas de su complejidad, o aquellas personas que le reclaman a su iglesia practicar en casa las virtudes que predica y no restringir a los suyos los derechos que reclama para todos.
No creemos que la Iglesia Católica deba estar divorciada de la política, porque toda su acción debe ser política, en el sentido de servicio al bien común y los demás, pero sí que debe mantener como principio el equilibrio, pues la Iglesia es por definición, y por evidente preferencia ciudadana, la institución llamada a unir a los bolivianos bajo el enorme manto de la fe cristiana y sus valores.
