Prácticamente no hubo medio de comunicación que no desmenuzase el borrador del proyecto de Ley de Pensiones, de cuyo tratamiento en el Congreso está pendiente el país con natural expectación. El presidente Morales, junto con la COB, envió el documento final al Legislativo con el pedido de que sea aprobado sin modificaciones y lo antes posible.
En general, la tónica para el análisis mediático ha sido la recurrencia a especialistas en la materia. Esto, más el aporte de fuentes documentales y de autoridades y parlamentarios, ha contribuido a la tarea de formar en la opinión pública una idea, aunque todavía vaga, de lo que será el nuevo sistema de pensiones. Ahora, los criterios están divididos.
De inicio, cualquier análisis no debería desconocer que la mutación de un sistema a otro viene siendo analizada y debatida desde hace años. Uno de los principales cambios será el traspaso de la administración de los ahorros para los jubilados: de las actuales gestoras privadas —las dos AFP— a una nueva que estará a cargo del Estado.
Aquí surge una primera pregunta: ¿El reemplazo de las AFP será conveniente? Algunos dicen que esto dejaría en indefensión a los afiliados que quieran reclamar por sus derechos al tener el Estado el control absoluto del sistema de pensiones. El Gobierno, como en otros casos, defiende su política estatizadora. No sólo eso, sino que asegura la sostenibilidad del sistema por 35 años en contrapartida con los 15 estimados por los empresarios.
La creación de un fondo solidario también ha encontrado reparos, por la dependencia de los aportes de los trabajadores formales ya que los informales no realizarán ninguna contribución. Los números no cierran. En este punto falta demostrar, fehacientemente, que la propuesta gubernamental no naufragará a medio camino.
Los asuntos sociales tocan sensibilidades que no admiten mezquindades políticas. Lo que importa es que se respeten los derechos de los aportantes, que los ahorros se manejen con transparencia y que se optimice el sistema, porque esto redundará en una mejora de las pensiones.
El proyecto tiene aciertos y errores y, en ese sentido, debería ser discutido para alcanzar los consensos que demandan no pocos sectores de la sociedad. Esto sería favorable incluso para el Gobierno porque, en definitiva, el tiempo pasará facturas y del éxito o el fracaso de esta ley depende el futuro de todos.
