El pronunciamiento de los obispos respecto a la situación política del país y las declaraciones de monseñor Tito Solari, en sentido de que el narcotráfico utiliza a niños para sus fines en el Chapare, han levantado polvo. A tal punto que las autoridades no dejan de cuestionar lo que consideran una intromisión de la clerecía en asuntos que, según la visión del Gobierno, no le compete.
De principio, este duelo resulta lamentable pero, a la vez, inútil. Porque si se trata de medir fuerzas, hoy, el MAS concentra prácticamente todo el poder político mientras que la Iglesia Católica ostenta, con amplio margen, el poder religioso-espiritual. Hasta cierto punto, un buen porcentaje de unos y otros forman parte de una misma comunidad que los domingos va a misa. Y que, cuando se los convoca, votan por el partido en función de Gobierno.
Las relaciones nada cordiales se remontan al cambio que se incluyó en la nueva Constitución Política del Estado, que ya no reconoce ni sostiene a la religión católica, apostólica y romana, como antes, sino que se limita (o se abre, según como se mire) al respeto y la garantía «de la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones», porque, ahora, «el Estado es independiente de la religión».
El vicepresidente Álvaro García lo toma como algo natural, que deviene de la historia, pero la idea del Gobierno de que Estado e Iglesia deben andar por caminos separados mueve cimientos interiores porque el pueblo boliviano no está acostumbrado a esto, sino a todo lo contrario: por lo general, asistió a una relación amable y respetuosa entre las autoridades gubernamentales y católicas.
La institución religiosa con más fieles en Bolivia, como cualquier otra, está en su legítimo derecho de leer la realidad social en función de los principios cristianos que defiende; lo cual no significa que exista un solo criterio dentro de la Iglesia.
Gobierno e Iglesia tienen mucho que aprender de esta experiencia. El primero puede tener diferencias con cualquier sector de la sociedad, incluido el Clero, pero debe cuidar las formas y respetar a instituciones que, como la de los católicos, han contribuido a la configuración cultural del país. La Iglesia, de su lado, debe aceptar que la palabra de los jerarcas tiene disensos en el interior del catolicismo; esto forma parte esencial de la libertad de expresión, que, demás está decirlo, no discrimina instituciones.
