El argumento principal para justificar la firma del Decreto ha sido resolver un problema muchas veces señalado desde hace varios años: el subsidio a los carburantes, además de ser oneroso para el Estado, beneficiaba en primer lugar a las mafias de contrabandistas, que aprovechaban una muy ventajosa diferencia de precios entre el combustible en Bolivia y todos los países vecinos.
Sobre el primer aspecto, los datos oficiales señalan que si el 2005 el subsidio le costaba al país poco menos de 100 millones de dólares anuales, el 2010 le costó cuatro veces más. Sobre el contrabando, precisamente el hecho de haber mantenido congelado el precio de los carburantes durante tantos años hizo que la brecha sea cada vez mayor y el ilícito negocio más lucrativo.
Los economistas más serios coinciden en que esta medida, por muy impopular que parezca, era necesaria; en el Gobierno han dicho que por esa misma razón había que tomarla en algún momento. La última vez que se recuerda un debate a fondo sobre la materia fue el 2004, y el gobierno de entonces, a diferencia del actual, no tuvo la fuerza suficiente para ejecutar esa decisión.
También se ha observado que el espíritu del Decreto es irónicamente liberal, pues con los nuevos precios de los carburantes será el mercado y no la Policía el que evite el contrabando. En el Gobierno opinan que no es así, pues el incremento de precios beneficia ya no a las empresas transnacionales sino a YPFB, lo que significa que es dinero para el Estado.
Aumentar el precio de las gasolinas en un 73 por ciento, y del diesel en un 83 por ciento, tendrá, es previsible, un duro efecto en la economía, y seguramente transportistas y agropecuarios, sectores tradicionalmente conflictivos, tratarán de liderar las acciones de protesta.
En el Gobierno han explicado que el dinero que se ahorre servirá para financiar las medidas compensatorias y que el costo político de la medida está previsto. Además, a los productores agrícolas se les otorgará un seguro que los cubra en caso de desastres naturales, necesidad más que evidente a juzgar por la severidad de los cambios climáticos en el país y el mundo.
Habrá que prepararse para unos días turbulentos, pero también y sobre todo para aprender a vigilar que las promesas de mejora que se hacen junto a medidas tan duras como la que se comenta, se traduzcan en acciones y beneficios tangibles para la población, que ahora se siente afectada.
