Tradicionalmente, el sector del transporte público ha jugado un rol preponderante en los tiempos de crisis económica. Cada vez que un gobierno adoptó medidas impopulares, los choferes estuvieron en primera fila para responder con la misma dureza. En el medio, la ciudadanía, que debe estar a expensas de los vaivenes de una relación por siempre tensa, no importa el color del partido gobernante de turno.
En el caso que hoy nos ocupa, se dispuso un alza elevada de los precios de los carburantes y casi de inmediato se ha comenzado a aplicar incrementos en las tarifas del transporte público que exceden incluso a los porcentajes adicionados a los combustibles. Luego, para mayor anarquía, se desoyó la resolución administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), que fijó un incremento tope de 30%.
La situación es difícil para todos y los choferes, como los demás sectores, tienen que aportar con flexibilidad para encontrar una salida a la crisis, en vez de echar más leña al fuego. Nadie está contento con el fuerte ajuste. El Gobierno rechaza el término «gasolinazo» y prefiere el de «nivelación»; en cuanto toca a los carburantes, sí, pero no hay ninguna relación con los salarios y, en general, el nivel de vida que se tiene en los países vecinos.
La maratón de paros, bloqueos y marchas de protesta recorre sus primeros kilómetros y, como todos sabemos, en esto somos campeones. ¿Cómo detener esta carrera que daña tanto o más al país que lo mismo contra lo cual diferentes sectores sociales se movilizan? Estos avezados atletas —siguiendo con el competitivo ejemplo— son, quién puede dudarlo, gente castigada por el pasado y se han acostumbrado a responder a las piedras con una nueva agresión, en una espiral de perjuicios ocasionados los unos a los otros, pero siempre entre hermanos bolivianos.
Mientras la medida del Gobierno no sea asimilada, difícilmente prosperará el diálogo. Tiene que haber un consenso mínimo antes de ir a una negociación seria y abierta con la población, en la que se deberían establecer incrementos racionales, basados en la incidencia real de los precios de los combustibles en el transporte y en los demás rubros. Finalmente, todos: Gobierno, choferes y el resto de los sectores en conflicto, tendrán que hacer el esfuerzo de jalar el carro del país en una misma dirección o serán responsables de una debacle que la historia no les perdonará.
