Los transportistas han decidido, de hecho, subir las tarifas desde mañana y nada menos que en 30 por ciento. Menudo problema van a provocar, de seguro, pues la población se negará a pagar el incremento, el Gobierno es de esperar que no lo aprobará y el sector se aprestará a entrar, una vez más, en paro «movilizado».
Hay que recordar que tras el «decretazo», que dispuso el alza de gasolina y diésel, entre otros carburantes —y posteriormente anulado— uno de los sectores que se aprovechó del pánico fue, justamente, el del transporte público. Cada quien, según su gusto, elevó las tarifas hasta en 100 por ciento. Y, de paso, el sector entró en paro, tan abusivo como ya parece costumbre: no se contentaron con dejar de prestar sus servicios, sino que activaron a grupos de choque para evitar que los «rompehuelgas» hagan su trabajo. Un evitar que consiste en chicotear al infractor, contra toda norma de respeto entre seres humanos.
Ahora, la subida de tarifas. En un país que subvenciona el costo del combustible que usa el transporte público. Ciertamente, hay un estudio que respalda la posibilidad de un ajuste; pero 30%, inconsultamente, parece un exceso.
Dada la situación, se hace imposible no pensar que esta postura es otra de las consecuencias del apresurado «decretazo» cuya cola persiste en asomar.
