Cossío cruzó la frontera escapando de la justicia boliviana porque se siente un perseguido político. El tarijeño integra el grupo fuerte de los pocos opositores que le quedan al Gobierno; éste defiende la independencia del Ministerio Público en tanto crece la expectativa por la decisión que se apresta a tomar el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) en el vecino país.
El lobby político ha sido la tónica de las últimas semanas en Paraguay, con viajes de legisladores bolivianos —del oficialismo y de la oposición—, más otro de la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo. Y a la seriedad de la medida del refugio provisorio de 90 días para Cossío le ha seguido una por lo menos curiosa: la sorprendente declaratoria de «Huésped ilustre» al Gobernador destituido, en el departamento de Central.
Hay algo que debe quedar claro: se trata de un procedimiento originalmente judicial contra una autoridad política, lo que no significa que los políticos tengan carta blanca para sacar provecho de un acto de índole judicial. Es cierto que el Conare es una entidad política, pero sus miembros deben ceñirse al caso particular de un boliviano —no importa si oficialista u opositor— acusado de hechos de corrupción. Lo otro, la posición del vicepresidente Franco sacando a la luz sus discrepancias con Fernando Lugo, en una situación poco usual y que recuerda a la ríspida interna entre Cristina Fernández y Julio Cobos en Argentina, más la reacción de Álvaro García Linera, sólo desvelan intereses de gobiernos en torno a una causa jurídica de resonancia binacional.
El gobierno de Morales pretende desvirtuar las acusaciones de presión política aclarando que existe una denuncia promovida por un opositor y el trabajo de un Ministerio Público que no está relacionado con el Ejecutivo. ¿Era necesario que la Ministra de Transparencia viaje al Paraguay? ¿A qué fueron legisladores oficialistas y opositores?
Cossío debe responder, en Bolivia, a más de una decena de procesos. En las dos gestiones de Morales se han dado muestras de una disposición a dar pelea al grave problema de la corrupción. Que el Gobierno siga en esa línea, que predique con el ejemplo y que, además, castigue con la misma vara a propios y extraños; de otro modo, el señalamiento de la «persecución política» continuará. Ante todo, que prime el respeto a la institucionalidad democrática y a la independencia de poderes.
