Los problemas de la educación son estructurales y hacia allí apuntan los cambios. Comenzar por lo elemental parece lo más razonable, si aceptamos que las condiciones de infraestructura de un alto porcentaje de las unidades educativas del país, sobre todo del área rural, no son las más adecuadas para aspirar a impartir y recibir una formación mínimamente digna.
Corresponde a las alcaldías atender las necesidades de infraestructura, pero lamentablemente esta tarea ha sido descuidada en la década pasada luego de que en los noventa se sentara un valioso precedente con la Ley de Participación Popular (N° 1551), que dio paso a la mejora de escuelas, colegios y hospitales. Las autoridades nacionales deben estar pendientes del cumplimiento de aquella labor, lo mismo que del equipamiento de mobiliario y demás instrumentos de aula; es también su obligación, por la responsabilidad indelegable del Estado.
Los padres de familia organizados en La Paz han sido tajantes en señalar: «no queremos maquillaje de los colegios». Por lo que se informa constantemente, esta técnica cosmética se ha expandido a otras regiones del país debido a la esmerada práctica de políticos esteticistas. ¡Qué mala costumbre ésta de desatender a nuestros niños!
En estos días ha vuelto la desesperación por la reserva de asientos en las escuelas fiscales y de convenio. El acierto de la distribución de fichas oficiales contribuyó a descomprimir el acostumbrado nerviosismo; habrá que perfeccionar la buena medida adoptada este año para que las filas sean erradicadas, de una vez por todas, el próximo.
La importancia de atender de la mejor manera a los padres de familia y a sus hijos, sin embargo, no quita que el Gobierno central y los autónomos municipales deban concentrarse en los desafíos que les plantea la Ley Avelino Siñani que, de resultar eficiente, tendría que desembocar, a no muy largo plazo, en una educación integral de calidad.
La educación se pone a la fila de los cambios que impulsa el Gobierno, pero ninguna prioridad debería competirle a ésta para no llegar, como siempre, al inicio del año escolar en condiciones deplorables. La educación es la más alta función del Estado y, si no se le da su lugar de preeminencia, el día de mañana repetiremos la historia de exigir capacidad a los que alguna vez fueron niños y no recibieron un adecuado trato en las aulas.
