Refugiado político es aquel que en su país es perseguido o teme serlo por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo u opinión política. Las convenciones y estatutos sobre el refugio político señalan que éste no procederá o será revocado cuando la persona sea juzgada en su país por «grave delito común». Ese debería haber sido el caso de Mario Cossío.
En efecto, en Paraguay, la Ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción intentó demostrar que el ahora refugiado gobernador de Tarija es sospechoso y acusado en diversos delitos de corrupción durante su gestión como gobernador, pero la gestión fue infructuosa, pues los miembros del Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Paraguay prefirieron ignorar las pruebas aportadas y limitarse a considerar a Cossío como un perseguido. Lo que no consideraron, deliberadamente, es que esa persecución se basa en las debilidades jurídicas del político ahora refugiado.
Como bien apuntó un comentarista en un medio paraguayo, el vecino país no tiene un refugiado político, sino un político refugiado, ya que los miembros del Conare en ningún momento ocultaron su simpatía por el político boliviano, y forzaron la renuncia de la única persona que se oponía a concederle el estatus de refugiado.
Similar es la situación del juez cruceño Hernando Tapia Pachi, buscado por presunto prevaricato, al intentar trasladar el caso Rosza de La Paz a Santa Cruz. El Conare brasileño encontró que el jurista tiene razones para declararse perseguido. Nuevamente, los antecedentes del personaje no contaron.
También primó la misma lógica en el Perú, donde prominentes políticos evaden a la justicia boliviana en calidad de refugiados. Tienen cuentas pendientes con el Estado boliviano, pero reciben tratamiento de perseguidos.
Es, pues, posible afirmar que no se trata de yerros en la estrategia diplomática, sino en la estrategia del juzgamiento de estos personajes. Ciertamente, en todos los casos citados, los hoy refugiados políticos han podido demostrar que la persecución por sus delitos ha adquirido matices de persecución política, con frecuencia abonada por discursos amenazantes de diversos representantes del oficialismo.
Y es que hasta ahora, sea verdad o no, se ha impuesto la imagen de una justicia no sólo inoperante, burocrática e insensible, sino también subordinada al Ejecutivo. Esta situación no es reciente, se trata del más antiguo vicio del Órgano Judicial, pero lamentablemente los matices se iluminan dependiendo del clima político.
No es imposible revertir la decisión de los Conare en los casos de políticos refugiados, sin embargo, para ello, además de una estrategia diplomática, hará falta un cambio en los procederes judiciales, pues lo que se desea es justicia y no sólo castigo.
