Según datos proporcionados por Erbol, son diez las familias que manejan el tráfico de barcazas en el estrecho de Tiquina, y que se oponen a la construcción de un puente, pues afectaría un lucrativo negocio que diariamente reporta elevados ingresos, especialmente en temporadas altas.
Son múltiples los perjuicios que causa la falta de una conexión terrestre en esta parte del lago: desde los más evidentes, como el reciente hundimiento de dos vehículos por la imprudencia de un barquero; pasando por las prolongadas esperas y egresos adicionales que el servicio de barcazas provoca en el turismo; hasta efectos menos visibles pero más nocivos, como el aislamiento comercial y social de la población de Copacabana (que por ejemplo se ve imposibilitada de recurrir a un hospital de 3er nivel en caso de sufrir alguna emergencia durante la noche).
El beneficio económico de un pequeño grupo, en desmedro del desarrollo de varios municipios, constituye un mal precedente para el Estado que, en este caso, se ha mostrado incapaz de salvaguardar no sólo el bienestar de una población, sino principalmente su derecho a la seguridad y a la libre circulación. Resulta imposible contentar a todos, de allí que el Gobierno deba tomar decisiones precautelando derechos y no intereses particulares, aunque afecten su imagen política.
