Según la autoridad de la Dirección General de Coca e Industrialización (Digcoin), entre el 10 y el 20% de la coca legalmente producida en el país, es decir, en zonas tradicionales como el Chapare y los Yungas, no llega a su destino, pues es desviada por «productores y detallistas».
Se sabe que la coca que se comercializa en los mercados legales tiene dos grandes destinos: el consumo tradicional, ya sea en infusiones o, más generalmente, como acullico, y la industrialización, que permite la producción de una amplia gama de productos que incluyen repostería y hasta cosmética. Lógicamente, se infiere que la coca que no es destinada a esos usos, que son estrictamente regulados y controlados a través de la Ley 1008 y otras normas, termina alimentando la industria de la cocaína.
Si erradicar la producción ilícita del arbusto de coca es por sí solo un problema de dimensiones mayúsculas, descubrir que parte de la producción legal también se destina a la producción de drogas obliga a las autoridades a ampliar su perspectiva a la hora de definir sus tareas de interdicción del narcotráfico.
Ha explicado el Director de la Digcoin que una de las mayores debilidades para la ejecución de su tarea es la falta de personal suficiente: entre las dos agencias gubernamentales para el control de la coca (Digcoin y el Grupo Especial de Control de la Coca), apenas suman 240 inspectores que deben controlar a más de 11.000 comerciantes y más de 72.000 productores en todo el país.
Ciertamente hay un problema de recursos humanos en el lado del control estatal, pero también en el de los productores y comercializadores, pues al desviar la carga están poniendo en riesgo la credibilidad de la gestión de los mercados legales de la hoja de coca, bastión de los movimientos cocaleros del país.
En tiempos cuando el Gobierno lleva adelante una campaña internacional para poner en cuestión la Convención de Viena de 1961 sobre estupefacientes, que discutiblemente pone entre las sustancias ilícitas la hoja de coca en su estado natural, mostrar que también el comercio legítimo de esta favorece al narcotráfico puede convertirse en un tropiezo.
La autoridades deben mejorar el control qué duda cabe; pero son los productores quienes deben decidir entre el carácter profundo del arbusto que cultivan y su comercio ilegal y nocivo. Permitir irregularidades en la producción y comercio del producto que les da el sustento, terminará por afectarlos.
