El caso de La Paz es elocuente a este respecto, pues autoridades del Gobierno Municipal de esta ciudad han revelado que sólo el 2010 se identificaron 862 edificaciones de más de cinco pisos que se estaban construyendo sin cumplir con la norma, o sin haber realizado trámite alguno de legalización de la obra. En el mismo periodo, el municipio recibió 315 solicitudes de aprobación de planos.
La mencionada norma es el manual de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento (USPA), que entre muchos otros aspectos establece los requisitos para aprobar obras de construcción, incluyendo, además del proyecto arquitectónico, el certificado de Registro Catastral, estudios geotécnicos y geológicos, y todos los cálculos de ingeniería necesarios.
En cada subalcaldía un equipo de técnicos es el encargado de inspeccionar las edificaciones y verificar el cumplimiento de las normas de construcción; sin embargo, es evidente que son insuficientes para controlar la totalidad de las obras que están en ejecución, sobre todo considerando la sorprendente cantidad de viviendas y edificios que se levantan a lo largo y ancho de la urbe.
Pero al margen de la obligación de controlar que tiene todo gobierno local, y la efectividad con que ejecuta esta tarea, el gran problema parece ser una suerte de cultura de evasión de la norma, muy extendida en la sociedad y practicada en los más diversos ámbitos.
En el caso que nos ocupa, la evasión de la norma incluye, además de la ya señalada renuencia a cumplir con la legalización de planos o satisfacer los requisitos del USPA, diversas estrategias de abaratamiento de costos que sacrifican la calidad no sólo de los acabados sino lo que es verdaderamente grave, de los materiales para la parte estructural.
Así, en La Paz, por ejemplo, no son pocos los edificios dañados debido a deficiencias en el cálculo de resistencia del terreno, el mismo que muchos constructores creen sustituir con cimientos más pesados, pero no más seguros para la peculiar topografía paceña. Los habitantes de estas edificaciones están obligados a elegir entre vivir en riesgo o perder la inversión que hicieron en esa vivienda.
Se trata, pues, de una problemática que debe ser encarada no sólo por las autoridades, que tienen claras responsabilidades legales, sino por la sociedad en su conjunto, pues la inobservancia de las normas, tan generalizada, puede significar, en último caso, una amenaza para la vida de muchas personas.
