Como muestra de la seriedad del acuerdo, el Vicepresidente del Estado anunció días atrás que ya está en curso el trámite para financiar la construcción de ductos para la empresa YPFB Transportes. El mandatario manifestó asimismo que el Estado está en condiciones de pagar puntualmente los créditos que obtendrá, pues las inversiones se realizarán en proyectos de alta rentabilidad.
Al respecto, si bien es posible señalar que la liquidez de la banca se relaciona con el hecho de que el dinero depositado en el sistema financiero nacional no ha podido ser colocado en créditos por una evidente reducción de las inversiones privadas en el país, el acuerdo que se comenta revertirá esta situación al promoverse la inversión pública, lo que a su vez redundará en una mayor presencia e influencia del Estado en la economía, tal y como se ha propuesto el Gobierno desde su primera gestión.
Seguramente, en el futuro próximo los indicadores de la economía nacional mostrarán un significativo crecimiento de la deuda interna del país, y es previsible que los discursos opositores se concentren en ese dato, omitiendo su contexto, por lo que entonces será necesario observar, además del tamaño de la deuda, el destino que se le dé a ese dinero y, sobre todo, el resultado de la inversión, del cual dependerá la capacidad de pago.
Los riesgos, en ese sentido, no son pocos, comenzando por el problema de la capacidad institucional de las agencias y empresas estatales que accederán a los créditos; ejemplo de lo señalado es la estatal petrolera, que ha necesitado más de un año para comenzar a utilizar los mil millones de dólares que el Banco Central de Bolivia le concedió en calidad de préstamo.
Vinculado al riesgo de la institucionalidad está el de la capacidad de gestión, que no depende únicamente de los mecanismos de control —cada vez más eficientes por la creación del Ministerio de Transparencia y, ahora último, de la Procuraduría del Estado— sino, fundamentalmente, de la idoneidad de las personas, el conocimiento y la tecnología. La ausencia de estos tres factores ya ha mostrado ser una de las debilidades gubernamentales en algunas áreas críticas.
Estamos, pues, ingresando en un nuevo momento en la historia económica del país; toca que tanto gestores como observadores hagan lo necesario para evitar que el plan fracase, pues está en juego la riqueza del futuro y la promesa de distribuirla de mejor manera.
