El domingo 13, tanto el ministerio como el Gobierno Municipal publicaron sendas solicitadas, en las que la única coincidencia, llamativamente, está en la identificación de motivaciones políticas del adversario detrás del conflicto originado por distintas interpretaciones técnicas de la capacidad de endeudamiento del municipio paceño.
El origen de esta nueva controversia entre ambas instituciones se remonta a la solicitud hecha por el municipio al ministerio para que se otorgue el Certificado de Registro de Inicio de Operaciones de Crédito Público, que obtuvo como respuesta una carta en la que el ministro señalaba que dada la situación de sobreendeudamiento de la comuna paceña, su despacho estaba «imposibilitado de realizar el respectivo trámite del RIOCP», pero abría la posibilidad de viabilizar el procedimiento luego de un nuevo análisis de la economía municipal.
Así, mientras el Ministerio de Economía asegura estar precautelando la sostenibilidad financiera de la Alcaldía de La Paz, en el gobierno local hacen énfasis en que perder el crédito significará afectar el Plan de Drenaje Pluvial iniciado el 2009 para estabilizar los suelos de la ciudad, que además en esta ocasión incluye a El Alto, cuyo Gobierno Municipal accederá a idéntico monto para desarrollar sus redes de alcantarillado y embovedado de ríos. Lo malo es que si uno de los dos municipios no accede al financiamiento, seguramente, la obtención y ejecución del crédito, ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se verá obstaculizada.
Por los antecedentes de una ríspida relación entre los gobiernos nacional y local de La Paz a lo largo del 2010, es difícil no observar un conflicto de evidente motivación política; el problema es que en este caso, a diferencia de las demandas y contrademandas judiciales que se iniciaron el año pasado, frustrar el trámite del crédito implica, más que afectar el desempeño y la credibilidad del partido que administra la comuna paceña, poner en riesgo un proyecto que tiene que ver con la seguridad de los habitantes de la ciudad sede de gobierno y su vecina El Alto.
Hay, pues, un bien superior al rédito político, y es la seguridad de la población, tanto en lo referido a la canalización de ríos y estabilización de suelos como en lo que tiene que ver con la certeza de que las pugnas políticas no afectarán la gestión de la comuna, y eso es lo que debe importar a la hora de negociar las soluciones.
