Se tiene que investigar, y esto ha ofrecido Sacha Llorenti, ministro de Gobierno; pero casi inevitablemente las sospechas caen sobre miembros de la Policía. Ocurre que un chofer que cumplía su trabajo en la Academia Nacional de Policías (Anapol) ha sido sorprendido in fraganti cuando cobraba 8.800 bolivianos a padres de postulantes a la institución.
El ministro ha sido quien ha hablado de «red», dando a entender que el chofer es sólo un eslabón de una cadena que lleva a la palabra «corrupción» institucionalizada. Y tiene sentido, ya que parece muy difícil que una persona que está en niveles de ninguna decisión sea capaz de perforar una estructura que, como ha prometido el Gobierno, garantiza transparencia a la hora de admitir a los postulantes.
No es la primera vez que se habla de cobros para facilitar la incorporación de jóvenes aspirantes. De hecho, esto se convirtió en un secreto a voces durante años, al grado de que los padres se preparaban para el gasto cuando un hijo les salía con la vocación de policía. Y había que buscar «padrinos», es decir, un hombre de rango dentro de la entidad que facilitara el ingreso previo pago, por supuesto, de la «comisión».
El caso descubierto ahora merece un seguimiento estricto. No puede diluirse, pues es tiempo de cortar la cadena y, por lo que dice el Ejecutivo, voluntad hay.
