El dato más llamativo que presenta el informe de la Unidad de Análisis de Conflictos de la institución fundada por Ana María Romero de Campero es que la conflictividad social del país se incrementó drásticamente en relación con los cinco primeros meses del 2010 y mucho más en comparación con el mismo periodo el 2009: 300%. El año pasado fue el más conflictivo desde el 2006. Los casos en que la conflictividad se originó en demandas de diversos grupos hacia el Estado y sus instituciones suman más de cuatro de cada diez, el Gobierno central aparece como demandado en el 36% de los casos.
Es en la interpretación que se ofrece de los conflictos de origen económico y político social donde se percibe que el documento es, más que una operación de contar casos de conflictividad, una señal de alerta para las autoridades que en los últimos meses no hacen sino sumar conflictos.
Respecto de los conflictos de origen económico, el informe de Unir llama la atención sobre la pervivencia de condiciones estructurales como la pobreza, el hambre y la falta de empleo, que inspiran conflictos en todo el país, pero también en el hecho de que las políticas públicas no siempre condicen con las expectativas de la población, lo que provoca reacciones de descontento. Finalmente, al referirse al efecto del DS 748, afirma que «Al parecer, el bienestar económico es un factor más importante para la gente que los aspectos políticos ideológicos».
Al referirse a los conflictos de origen político, el análisis de Unir identifica un efecto de canalización o articulación de la conflictividad, y concluye con una advertencia: «al prolongarse los conflictos y las movilizaciones, sobreponerse intereses y articularse demandas, se puede llegar a una situación de sobrecarga que dificulte su gestión a través de procesos manejables».
Finalmente, el informe también llama la atención sobre el hecho de que la violencia fue ingrediente en muchos de los conflictos, y que, más grave aún, en no pocos casos se trató en enfrentamientos entre diferentes grupos de la sociedad.
Hay, pues, evidencia de que se avecinan tiempos difíciles para la gestión de la cosa pública, en la medida que la sociedad demanda cada vez más la satisfacción de sus expectativas y que lo hace con creciente fuerza. Hoy como nunca las autoridades están obligadas a gobernar obedeciendo al pueblo, pues de otro modo la espiral conflictiva no hará más que seguir creciendo.
