El temor se fundamenta, según los representantes de Asosur, en el hecho que, por una parte, la norma es explícita en señalar como susceptibles de sanción las estaciones ubicadas cerca de las fronteras y, por otra, que la pena por el delito de evasión podría emplearse arbitrariamente, poniendo en riesgo la inversión y las fuentes de trabajo.
En efecto, el todavía proyecto de ley, en su artículo 18, señala que el no emitir factura en toda venta de combustible tendrá como sanción la clausura definitiva del establecimiento, dejando YPFB la responsabilidad de su administración hasta que la penalidad sea ejecutada. Asimismo, en su artículo 20, establece que el transporte, almacenaje y comercialización «sin cumplir los requisitos legales dentro un espacio de cincuenta (50) kilómetros desde la frontera» dará lugar a sanciones contra los responsables, el decomiso de la mercadería y la confiscación de los instrumentos del delito, en este caso, las estaciones de servicio.
El tono y los argumentos de quienes se oponen a la norma, cuyo objeto es, entre otros, «establecer mecanismos de prevención, control y lucha contra el contrabando e ilícitos en frontera», recuerda mucho a la oposición manifestada contra la Ley de Lucha contra el Racismo y Toda forma de Discriminación, pues, por una parte, los cuestionamientos giran en torno a lecturas parciales de sólo dos de los artículos de la norma y, por otra, se basan en la presunción de mala fe por parte de quienes vayan a ejecutarla, sin darse cuenta que en ese discurso hay una velada admisión de culpa.
Por su parte, parlamentarios del oficialismo han abonado la incertidumbre de los miembros de Asosur al señalar que la Constitución Política del Estado habilita la posibilidad de confiscar bienes como los surtidores a través de leyes de necesidad nacional.
Seguramente para nadie es desconocido a estas alturas que el contrabando de combustibles afecta no sólo a las cuentas nacionales, por el costo de subvencionar productos que son exportados ilegalmente para aprovechar la diferencia de precios en países vecinos, sino fundamentalmente a los consumidores del país, que a menudo deben afrontar la escasez de carburantes, por lo que toda acción orientada a combatirlo es bienvenida.
Da la impresión, pues, que detrás de la oposición de Asosur al proyecto de ley hay, si no una velada defensa de las nocivas prácticas del contrabando, una acción de carácter más político que empresarial.
