Asimismo, en los últimos días, los internos de algunos penales han añadido a su protesta la crítica a la Ley 007, de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, que en su opinión endurece el procedimiento penal, pero omite señalar mejoras en los recintos penitenciarios, caracterizados, casi todos ellos, por sus paupérrimas condiciones de habitabilidad y el hacinamiento. Lo que defienden, en el fondo, es su derecho a la dignidad.
En ambos temas, la respuesta de las autoridades se refiere a la carencia de recursos económicos para resolver los problemas que causan el conflicto, situación que se agrava con la disputa entre Gobierno central y gobiernos departamentales respecto de cuál de ellos es responsable de costear los gastos del régimen penitenciario.
En efecto, además de encarar obras de mejoramiento en los penales, las autoridades del Órgano Ejecutivo han propuesto incrementar en 20% el monto actualmente asignado al prediario, de Bs 5,5 a Bs 6,6 al día por persona, y exigir a las gobernaciones completar ese monto hasta por lo menos Bs 10. Al respecto, el Director de Régimen Penitenciario ha insistido que las gobernaciones tienen la obligación de presupuestar esos gastos, pues la Ley 3302, que norma los usos del dinero del
Estado, especifica en su artículo 10 que, con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, los gobiernos departamentales deben hacerse cargo de financiar el «Costo del Prediario y gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario a nivel nacional».
Mientras tanto, la conflictividad en los penales va en aumento, dando paso a situaciones como un presunto intento de fuga del penal de San Pedro en La Paz aprovechando la movilización de los internos, y sobre todo empeorando el ambiente y los ánimos dentro de las cárceles, lo que de no ser apropiadamente contrarrestado puede dar lugar a situaciones críticas en el futuro inmediato.
Se trata, pues, de reclamos más que atendibles, sobre todo considerando la injusticia estructural que caracteriza al sistema penal boliviano, en el que tres de cada cuatro privados de libertad carecen de sentencia y son condenados de facto a padecer condiciones particularmente adversas (a menos, claro, que se disponga de suficiente dinero para comprar un buen pasar). Los reclusos piden una buena alimentación y, fundamentalmente, el respeto de su dignidad, y es obligación del Estado garantizar ambas.
