En agosto de 1985, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro implementó una serie de medidas de ajuste buscando reducir la regulación estatal sobre la economía y potenciar la participación del sector privado, con el propósito de convertir a este último en el principal motor de una economía abierta hacia el exterior, donde prevalezcan las fuerzas del mercado.
La medida más relevante fue la aprobación del Decreto 21060 que, además de efectos de corto plazo, como la modificación del régimen cambiario (de un tipo de cambio fijo a uno definido por subasta), proponía cambios estructurales de largo aliento. El ajuste buscaba el incremento en los niveles de consumo, la restitución de la confianza en el sistema financiero y en la moneda nacional. En el ámbito laboral, buscaba reducir los costos de contratación y de despido, al marginar al Estado en el establecimiento de condiciones laborales, en tanto se daba mayor libertad a los empleadores para contratar y despedir trabajadores.
Ante el debilitamiento de las organizaciones sindicales y el aumento del poder por parte de los partidos políticos neoliberales, se extendió el uso de dos figuras de contratación adversas al trabajador: el contrato eventual por 89 días y el contrato de consultores, que incrementaron la eventualidad laboral y la omisión de los derechos del trabajo asalariado.
El elevado déficit fiscal y el ineficiente manejo estatal, que se tradujeron en una hiperinflación insostenible, fueron el justificativo para eliminar las normas protectoras del trabajador, de tal forma que los empresarios pudiesen mejorar el nivel de sus ganancias por medio de una mayor explotación laboral.
30 años después, el gobierno del MAS ha realizado cambios parciales buscando eliminar los aspectos más cuestionables de la política neoliberal en materia laboral. En este sentido ya se aprobaron varias leyes y decretos que estabilizan las relaciones laborales (se ha derogado el Art. 55 del DS 21060), y facilitan el acceso a ciertos beneficios y prestaciones; y para el siguiente 1 de mayo se esperan más modificaciones.
Sin embargo, estas medidas pueden resultar difíciles de aplicar en una economía débil, más informal que formal y poco inclusiva como la del país; por otra parte, en estos cambios persisten omisiones pero también visiones de corte neoliberal (como la intención de normar y limitar la libertad de acción de los sindicatos y los derechos colectivos) alineadas al sistema que en teoría se intenta enterrar.
